Radio Mundo Real

El ataque sucedió en 2007 por parte de la seguridad privada armada y tuvo como desenlace el asesinato del trabajador rural Keno y otros tres campesinos heridos. La condena a la empresa suiza Syngenta fue bien recibida por los movimientos sociales, basados en la dificultad de responsabilizar a las empresas por las violaciones de derechos que cometen.

Syngenta, empresa productora de transgénicos y agrotóxicos, fue judicialmente responsabilizada por el asesinato del trabajador rural Valmir Mota de Oliveira (conocido como Keno) y por el intento de asesinato de Isabel do Nascimento de Souza. Los dos eran integrantes de La Vía Campesina y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

La decisión, llevada adelante por el juez de derecho Pedro Ivo Moreiro, fue publicada en el Diario Oficial del Estado este martes 17 de noviembre. La sentencia determinó que la empresa debe indemnizar a los familiares de Keno y a la víctima Isabel por los daños morales y materiales que causó. La demanda fue presentada en 2010 en un intento de obtener respuestas por parte del Estado sobre la responsabilidad de Syngenta por el ataque realizado por sus guardias de seguridad.

“Actualmente las empresas transnacionales tienen gran libertad para la actuación transnacional, pero no hay normas ni mecanismos nacionales e internacionales suficientes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos, así como para responsabilizarlas en casos de violaciones. La decisión sobre Syngenta, en este caso, es la excepción a la regla", explicó el abogado de Terra de Direitos, Fernando Prioste.

Sobre la decisión

El juez actuante reconoció que el hecho ocurrido en la estación experimental de la empresa Syngenta fue una verdadera masacre. En su decisión afirmó que "llamar lo ocurrido de enfrentamiento es cerrar los ojos a la realidad, pues no hay duda de que lo ocurrido en verdad fue una masacre disfrazada de una reintegración de posesión”. Con eso, la versión presentada por Syngenta fue rechazada por el Poder Judicial. La empresa alegaba que el ataque sucedido en 2007 sería el resultado de un enfrentamiento entre la guardia privada y los integrantes de La Vía Campesina.

En su defensa Syngenta reconoció la ilegalidad de la acción de la seguridad privada, así como la acción ideológica de la acción contra La Vía Campesina y el MST. La empresa afirmó que "más que la protección de esta o aquella hacienda, queda claro que la seguridad tenía por objetivo la defensa de una posición ideológica que se contraponía con la del MST, con el fin de propagar la idea de que a cada acción correspondía una reacción". Con eso la transnacional intentaba deshacerse de su responsabilidad, alegando que el ataque no fue realizado por la empresa por ella contratada, sino por una milicia al mando de hacendados.

Sin embargo, en su decisión el juez reconoció que la "mala elección en la tercerización de la seguridad, así como el financiamiento indirecto de las actividades ilícitas, constituye un factor generador de responsabilidad civil". Además desaprobó de manera vehemente el ataque realizado al afirmar que "por más reprobable e ilegítima que fuera la invasión de la propiedad, no debería haber reaccionado por cuenta propia, imponiendo la pena de muerte a los ocupantes, sino que tendría que buscar los medios legales de solución al conflicto, ya que, finalmente, el ordenamiento jurídico considera como crimen el ejercicio arbitrario de sus propias razones.

La decisión judicial todavía no es definitiva y Syngenta podrá recurrir al Tribunal de Justicia del Estado de Paraná. Para el abogado de Terra de Direitos se espera que el Tribunal mantenga la decisión para restablecer la verdad sobre los hechos ocurridos en octubre de 2007. “Las pruebas son contundentes contra la empresa" comenta. "Una eventual absolución de Syngenta se entendería como una anuencia del sistema de justicia a las masacres como la ocurrida en este caso”.

Excepción a la regla

Isabel Nascimento dos Santos dice estar feliz, más allá de la indemnización monetaria. Gravemente herida durante el ataque realizado por Syngenta en 2007, la agricultora destaca el reconocimiento por parte de la Justicia de la responsabilidad de la empresa en el caso. "Ahora tenemos que levantar la cabeza, intentando olvidar un poco del sufrimiento que tuvimos". Ante la pregunta de si luego de esta decisión la lucha terminaba, Isabel fue contundente: "¡Jamás! Seguiremos luchando, dando continuidad también al trabajo de Keno”.

El representante del MST de la región de Cascavel, Eduardo Rodrigues, destacó la importancia de la decisión. Según él, lo común es la impunidad de las grandes empresas que violan los derechos, al mismo tiempo que es frecuente que integrantes del movimiento sean criminalizados por su lucha de oposición al modelo del agronegocio. “El ataque no se realizó sin el conocimiento de la multinacional" denunció el campesino. "Ellos no dieron solamente el apoyo institucional, sino que también el financiero y la logística".

Eduardo desea que esa decisión se extienda a otros casos de responsabilización de las empresas por los ataques que cometen. "Espero que esa decisión pueda fortalecer nuestra lucha, dando visibilidad para nuestros compañeros”.

Por los obstáculos que existen para lograr que las empresas respeten los derechos humanos, y sean responsabilizadas por las violaciones que cometen fue que la Organización de Naciones Unidas pasó a debatir el establecimiento de un tratado internacional vinculante que cree mecanismos de prevención, reparación y responsabilización en el tema de empresas y derechos humanos.

El grupo de trabajo de la ONU que desarrolla actividades para el establecimiento del tratado visitará Brasil el próximo mes de diciembre. Se espera que los representantes de la ONU puedan utilizar el caso de la condena a Syngenta como una referencia para la responsabilización de grandes empresas que cometen violaciones a los derechos humanos a través de empresas tercerizadas.

Fuente: Terra de Direitos