Radio Mundo Real

“A esta hora (7:20 am), 20 de noviembre de 2014, el ESMAD hace presencia en (el municipio de) La Jagua, Garzón, (departamento de) Huila para desarticular la protesta pacífica que hoy completa 20 días, reclamando el cumplimiento estricto de la sentencia de la Corte Constitucional T-135. Se reclama la presencia de la personera municipal y la alcaldía de Garzón, quienes desde que inició la protesta no han hecho presencia en el lugar”.

Así alerta este jueves un comunicado público difundido por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO) y el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos”. Los firmantes cierran el parte de prensa expresando que “temen por su integridad”.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es un grupo especial de la Policía Nacional de Colombia. En pocas palabras, se dedica a la represión. Hoy se hizo presente temprano en el municipio de La Jagua, alcaldía de Garzón, zona de impacto directo de El Quimbo, y en uno de los cuatro bloqueos que los afectados por la represa tienen a las obras de construcción. El ESMAD alertó que desalojaría a unas 150 personas que desde hace 20 días trancaron la operativa en la zona de la empresa a cargo de El Quimbo, Emgesa, filial de la española Endesa y la italiana Enel.

“Estamos exigiendo que se cumpla lo que el gobierno colombiano dictaminó para nuestra protección y que ahora no está realizando”, dijo a Radio Mundo Real Alexander Naranjo, de ASOQUIMBO y el Movimiento Ríos Vivos, desde el bloqueo de La Jagua. Reclamó que se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional T-135, que obliga a Emgesa a realizar un nuevo censo con las comunidades. “Ellos simplemente citaron a la gente a sus oficinas a completar un formulario de cinco minutos y listo”, denunció.

El líder comunitario explicó también que la Contraloría General de la República realizó unos díctamenes en 12 actos, en los que señaló, entre otras cosas, que hay fallas geotécnicas en la zona de El Quimbo, que hubo desplazamiento forzado de comunidades y que se está atentando contra la arqueología. “Exigimos que se atiendan esos dictámenes, ese es nuestro objetivo”.

Naranjo contó que si bien la presa tiene avanzadas sus obras en un 80 por ciento, no se ha cumplido con lo pactado en la licencia ambiental, como por ejemplo las compensaciones para las comunidades afectadas. “Es por lo que estamos peleando nosotros en este momento. Además, ahora solicitamos el acta donde se ordena el desalojo y que se nos diga por qué. Estamos en espera de los funcionarios públicos”.

En tanto, el integrante del Movimiento Ríos Vivos Juan Pablo Soler, señaló a Radio Mundo Real que en Colombia “se sigue dando prioridad a los megaproyectos, a la inversión extranjera directa en lugar de compensar, mitigar todos los daños sociales y ambientales que causan los proyectos de desarrollo”.

Explicó que la medida del bloqueo se realiza “por el incumplimiento del Estado colombiano de garantizar mejores condiciones para las comunidades antes de que los proyectos culminen”. “Esta situación es similar a lo que hoy viven las comunidades afectadas por (las represas de) Hidrosogamoso e Hidroituango, donde las empresas se preocupan por cumplir los cronogramas de las obras pero no los acuerdos con las comunidades, ni de garantizar su participación en la toma de decisiones”.

Soler destacó que las comunidades locales rechazan estos proyectos de energía sucia. “Por eso desde La Jagua decimos no más desplazamientos forzados por represas, no más desplazamientos por megaproyectos”.