Radio Mundo Real

Comunidades salvadoreñas advierten que cada vez que la minera canadiense inicia una ofensiva contra los activistas, acontecen crímenes y actos violentos al tiempo que reclaman garantías desde el Estado.

“Hacemos responsable de lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestras familias a la empresa Pacific Rim”, dijo en rueda de prensa Francisco Pineda, Presidente del Comité Ambiental de Cabañas, recordando que en anteriores oportunidades estas campañas de la minera terminaron en asesinatos de los referentes de la resistencia.

El pasado sábado, personal judicial entregó citatorios a siete integrantes del Comité Ambiental de Cabañas a quienes la empresa minera acusa de delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.

Pineda también realizó un llamado a la Procuraduría de los Derechos Humanos a estar pendiente de los embates de la empresa canadiense, que fue impedida por un organismo gubernamental de seguir explotando el subsuelo, ante la resistencia y las denuncias comunitarias.

“De la empresa esperamos lo peor, pero estamos más molestos con las autoridades del Estado que se están prestando a este juego”, dijo Pineda.

La rueda de prensa se efectuó en forma conjunta con la organización miembro de Amigos de la Tierra Internacional, CESTA.

Por su parte Miguel Ángel Fuentes, miembro como Pineda del Comité, manifestó su preocupación por la integridad de sus compañeros y lo vinculó a los crímenes del pasado año. “Mi familia siente temor, me dice ’no vaya’. ¿Pero cómo puedo yo quedarme quieto si es mi país?”, se interrogó, dolorido, el activista.

Asimismo, reiteró que las mineras afectan a las comunidades y se mostró alarmado por el hecho de que existan aún a estudio más de 70 solicitudes de nuevas explotaciones.

Nueva demanda ante el CIADI

A todo esto, otra minera, la estadounidense Commerce presentó una demanda por 100 millones de dólares contra el gobierno de El Salvador luego de que le fuera revocado el permiso de explotación en el territorio del país centroamericano.

Según la reseña del sitio web lapagina.com.sv, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales clausuró la licencia de explotación a Commerce en 2003, durante el gobierno de Francisco Flores, por considerar que fue culpable de la contaminación del río San Sebastián, con desperdicios de cianuro, metales pesados, mercurio y drenajes ácidos.

La demanda fue recientemente interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.