Radio Mundo Real

Una coalición de grupos internacionales opositores a la actividad minera elaboraron un documento público en el que advierten sobre los impactos que tienen esa industria sobre “el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos indígenas”.

El texto -titulado “Un balance sombrío y una realidad que asumir”- coincide con la realización un encuentro internacional que convoca por estos días a las principales corporaciones del sector en la ciudad canadiense de Toronto, y que es financiado por la cuestionada empresa Barrick Gold

“Es esta coyuntura la que nos lleva una vez más a expresar nuestra profunda inquietud y a denunciar la situación crítica que se asocia a la aceleración continua de la explotación de las riquezas naturales”, explican en el comunicado.

Según señalan, ese tipo de modalidad productiva tiene como finalidad la “acumulación de riquezas y de poder”, y generalmente en detrimento de las “consideraciones humanas, sociales y ambientales”.

Y añaden que: “La perturbación y el desequilibrio de los ecosistemas, la contaminación del suelo, del aire, del agua y por lo tanto, de la cadena alimenticia, se encuentran entre los impactos, a menudo irreversibles, originados por los desarrollos industriales gasíferos, petroleros y mineros”.

Las advertencias están centradas en uno de los proyectos de la propia Barrick Gold: el Pascua Lama, que la transnacional canadiense pretende impulsar en la frontera chileno-argentina. Según estos grupos, esa iniciativa pone en peligro el ecosistema de toda la cuenca del valle del Huasco, en el corazón de la Cordillera de los Andes.

Añaden que un inversión de esta naturaleza, afecta directamente las “fuentes esenciales de agua” de una región semidesértica, como son los glaciares. “La calidad del agua será profundamente afectada por la utilización de productos tóxicos como el cianuro y ciertos metales pesados”, alertan.

Finalmente, los grupos ambientalistas denuncian que Barrick Gold está “violando” los derechos “territoriales y ancestrales” de las comunidades indígenas locales, en su mayoría pertenecientes a la etnia Diaguita.

“Entre otros atropellos, la empresa pretende instalar una mina en tierras en litigio. Este proyecto minero perturba completamente la vida de una región con vocación agrícola, violando los derechos a la autodeterminación de la población”, concluyen.

El documento está firmado por unos cuarenta grupos ambientalistas canadienses, chilenos y argentinos.