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26 de mayo de 2010 | Noticias | Derechos humanos | Industrias extractivas
Ya era hora
Comisión Interamericana de DDHH ordena suspender extracción minera en Guatemala
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El organismo decidió acceder a las peticiones de 18 comunidades mayas Man y Sipakense por contaminación de sus fuentes de agua y expropiación ilegal de territorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco que la mina Marlin -que extrae oro y plata en el departamento de San Marcos- suspenda las actividades en un plazo de veinte días.
La directora de comunicación de la CIDH, María Isabel Rivero, explicó que las medidas cautelares a favor de 18 comunidades de las etnias Man y Sipakense que han sido afectadas por la actividad de la minera son las siguientes: suspender las actividades de la mina Marlin e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental.
Otras medidas son: impulsar acciones para descontaminar las fuentes de agua, atender los problemas de salud derivados de la actividad minera, garantizar la integridad y vida de los pobladores y planificar medidas de protección con la participación de las personas afectadas y evitar el deterioro de viviendas debido a las explosiones que realiza la mina.
Según explica la Comisión en su sitio digital las medidas cautelares fueron otorgadas el pasado 20 de mayo y comprenden las comunidades mayas de Tres Cruces, Escupijá, Pueblo Viejo, La Estancia, Poj, Sipacapa, Pie de la Cuesta, Cancil, Chual, Quecá, Quequesiguán, San Isidro, Canoj, Ágel, San José Ixcaniché, San José Nueva Esperanza, San Antonio de los Altos, y Siete Platos, en Guatemala.
La concesión minera, así como el inicio de la explotación, se realizaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya, reconoce la CIDH. La empresa Montana habría comenzado la construcción de la mina Marlin I en 2003, y la extracción de oro y plata en 2005.
La explotación minera ha generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, puesto que el Río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia.
Varios pozos de agua y manantiales se habrían secado, y los metales presentes en el agua como consecuencia de la actividad minera han tenido efectos nocivos sobre la salud de miembros de la comunidad.
La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A. hasta tanto ésta adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares.
