Para Vial, las “situaciones absurdas” fueron una seña de identidad de este promocionado juicio, que se desarrolló en el tribunal de Cañete, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, y que finalmente absolvió a 14 de los 17 acusados por asociación ilícita terrorista, incendios de predios y ataques a camiones madereros.

En primer lugar, y esto ha sido una queja constante por parte de las organizaciones mapuche, el proceso judicial tuvo como telón de fondo la amenaza de aplicación de la denominada “Ley antiterrorista”, que fue aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que asoló a este país sudamericano entre 1973 y 1990.

Por otra parte, la Defensora Nacional Pública puso sobre la mesa otros episodios que resultan muy llamativos. Según dijo, en declaraciones que reproduce Prensa Latina, se comprobó que uno de los "testigos sin rostro" presentado por la Fiscalía para testimoniar contra los indígenas era sordo. Lo curioso es que en el escrito judicial esta persona asegura que pudo identificar a uno de los imputados “como partícipes de un delito en particular por la voz”.

En total comparecieron 36 testigos anónimos, y los abogados defensores denunciaron que muchos de ellos fueron manipulados por los policías y el Ministerio Público.

Vial agregó que si bien las cuatro condenas fueron por delitos comunes, todo el proceso estuvo “enmarcado” dentro de los alcances de ley antiterrorista, lo que facilitó la acusación de la fiscalía. Los jueces de Cañete encontraron culpables a cuatros líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco por el delito de robo con intimidación y homicidio frustrado, en referencia a un presunto ataque al fiscal Mario Elguet en 2008.

“Se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha", expresó a la salida del juicio uno de los absueltos, Luis Menares, antes de alertar que la ley antiterrorista “volverá a ser utilizada contra los mapuche”.

En un reporte para el informativo Más Voces, la periodista chilena Fabiola Gutiérrez informó que todavía resta saber cuál será la pena que deberán cumplir los cuatro condenados. También se refirió a lo que las organizaciones indígenas han calificado como una “vulneración sistemática de los derechos procesales”, entre otras cosas por la utilización de los “testigos sin rostro”.

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