Pizango debió pedir asilo político a Nicaragua luego de que el gobierno peruano lo responsabilizara por las muertes de agentes policiales ocurridas mientras la policía intentaba desalojar un bloqueo indígena por la fuerza.

El hecho ocurrió el pasado 5 de junio en la provincia peruana de Bagua, y la extrema violencia de los enfrentamientos –en los que fallecieron decenas de indígenas y policías- provocó reacciones a nivel internacional.

El bloqueo realizado por los indígenas era una de las varias medidas pacíficas de protesta que adoptaron a partir de abril los pobladores originarios, para expresar su rechazo a una serie de decretos legislativos promovidos por el gobierno de Alan García, que permitían la explotación industrial de la selva amazónica.

Dos de esos decretos fueron derogados esta semana por el gobierno, que a través del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, accedió a negociar con los indígenas. Poco después de la negociación, Simon anunció que renunciará a su cargo apenas se alcance una solución al conflicto.

Los indígenas, que suavizaron las medidas de protesta luego de la negociación con el gobierno, reclaman la derogación de la totalidad de los decretos, que fueron adoptados en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se sumó a las críticas al gobierno peruano, cuando le pidió al Ejecutivo de García que haga “mayores esfuerzos para asegurar que no se aplique ni promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o explotación de recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por esta medida”.