"Estos barrios fueron poblados en décadas pasadas por el auge de las automotrices, y después de los noventa son zonas de mucha desocupación, mucha pobreza", cuenta Pablo, de la CTD, quien vive con sus suegros tratando de no caer rehén de los elevados alquileres, una realidad que comparten muchas familias cordobesas a las que se les "ha hecho casi inalcanzable la posibilidad de comprar un terreno".

Transcurrida una semana de la toma, con la intención de construir sus viviendas, 500 personas del asentamiento se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con sus palas, baldes de albañil y picos; querían que sus manos levantarán el hogar propio. La voluntad de dialogar se manifestaba a la par que los funcionarios municipales, provinciales y nacionales se ausentaban. "El Ministerio nos ha atendido para decirnos que no tienen ningún programa de vivienda en este momento", recuerda Pablo.

El drama sin respuesta para estas personas lo constituyen el no poder pagar un alquiler, el ser desalojado, que las familias se amontonen en una pieza y que los niños tengan que dormir de a tres por falta de espacio en una cama. En un mismo hogar llegan a convivir tres o cuatro núcleos familiares, explica Pablo: "Los padres con sus hijos ya con familia, bastante amontonados, sumado a la gente que alquila una piecita -entre 500 y 600 pesos- y la situación que hay de falta de trabajo".

En el mes de septiembre, a casi veinte días de la ocupación, la policía detiene a uno de los jovenes -aún permanece preso- que mantienen activo el espíritu de la toma. Él y un compañero que trató de defenderlo fueron golpeados. Días más tarde, una de las referentes de la organización, Rosalía Cáceres, fue imputada con el cargo de "instigación pública a cometer delito". Luego de la represión del Estado con caballería e infantería, sobre unas treinta hectáreas iniciales ocupadas, el predio se redujo a poco más de dos hectáreas donde permancen resistiendo trescientos grupos familiares.

La policía es la única presencia del gobierno local que se hizo sentir. La CTD denuncia que la falta de fondos y tierras que argumenta la Provincia se debe a la "falta de voluntad política" del gobierno, ya que "los intereses del sector inmobiliario priman por sobre el derecho humano a la tierra y a la vivienda".

"Estamos pidiendo no solo un pedazo de tierra, sino dignidad, y organizados en forma de cooperativas para nosotros construir nuestras propias viviendas", afirmó Pablo como deseo final. El sueño del techo propio aún no termina de escaparse.

* Comunidades, movimientos sociales y activistas pueden comunicarse con nuestros corresponsales de base en Argentina Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.

Foto: http://www.argentina.indymedia.org/