Mediante la ley se facilita a los pequeños y medianos productores el acceder a los créditos, así como también se establece que la utilización del agua con fines productivos debe regirse por la ley que regule este recurso, tomando en cuenta las previsiones constitucionales al respecto.

Además, en la legislación se hace énfasis tanto en la función ambiental como social que debe cumplir la tierra, lo que involucra una visión que comprende un uso del territorio que garantice el cuidado de la biodiversidad.

Según informó la agencia Prensa Latina, la normativa pretende establecer mecanismos estatales que aseguren que las comunidades puedan acceder de forma autosuficiente -y respetando su idiosincrasia- a alimentos sanos, de forma permanente.

Sin embargo, poco antes de que la ley fuera aprobada, el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), Humberto Cholango, advirtió que los pueblos indígenas veían con preocupación el proceso de cómo se estaba manejando la normativa, dado que no profundizaba lo suficiente sobre el uso y manejo de las semillas y el agua, y sobre todo, no tocaba el tema de la redistribución de tierras.

“Básicamente nuestro planteamiento es la redistribución de las tierras, mediante una verdadera Reforma Agraria, distribución equitativa de la tierra y el agua, para la producción de nuestros alimentos”, señaló Cholango.

Además, el dirigente indígena le exigió al gobierno que transparente las últimas negociaciones comerciales que emprendió con la Unión Europea, porque explicó que negociar un acuerdo comercial con el bloque sería “una traición política”, que pondría en riesgo la soberanía de Ecuador.