Así lo entienden las organizaciones sociales de Brasil opositoras a los proyectos extractivistas en la región de la Amazonia, que por estos días insisten en denunciar la situación de vulnerabilidad que viven todos los días los defensores de los recursos naturales.

La corresponsal de la agencia ALER en el Estado de Pará, Joelma Viana, entrevistó a representes de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), que alertan respecto a la posibilidad de que los crímenes contra los ambientalistas continúen en el futuro, entre otras cosas por la impunidad en la que se mantienen muchos de estos asesinatos.

Hace algunos meses, la CPT había advertido que en Pará había 30 personas que estaban amenazadas de muerte y que a pesar de eso no contaban con protección policial, y hoy ese listado lo integran 28 activistas, debido a que José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo -un matrimonio reconocido en la región por su militancia en la lucha por la tierra- fueron asesinados a balazos el pasado 24 de mayo.

En el caso del Estado de Rondonia, donde se registró la muerte de Adelino Ramos, la CPT estima que hay aproximadamente unas 100 personas en peligro de muerte porque han denunciado la extracción ilegal de madera.

En el reporte de la corresponsal de ALER, se reclama una urgente intervención del Ministerio Público para que se investiguen “realmente” estos trágicos episodios, y se señala que la muerte de gente que está defendiendo el medio ambiente “es algo muy grave, que genera preocupación a nivel internacional”.

Es que las cifras de Pará son muy preocupantes: de los 555 crímenes en el campo ocurridos en Brasil entre 1996 y 2010, el 41,6% (231 casos) ocurrieron en ese Estado norteño, según datos de la CPT.

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