Aquel desalojo violento de la carretera que mantenían cortada los integrantes de las comunidades provocó al menos 34 muertes y todavía no hay responsables identificados por estos crímenes. Pero esas no son las únicas consecuencias del “Baguazo”, uno de los sucesos más complejos registrados durante la gestión del presidente Alan García.

Como telón de fondo de esa masacre está la resistencia de las comunidades originarias a proyectos extractivistas que atentan contra una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta.

“Ahora quieren silenciar la selva”, sintetiza Carlos Flores, el periodista que conduce el programa matinal de La Voz de Bagua, en una entrevista que le realizaron en ALER, y que reproduce el sitio Más Voces.

La emisora permaneció catorce meses cerrada después de la masacre y recién en agosto del año pasado las autoridades permitieron que se retomaran las transmisiones.

Sin embargo, a partir de ese momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se ha encargado sistemáticamente de interponer trabas burocráticas y a aplicar multas abusivas para impedir el normal funcionamiento de la radio, según denuncian sus responsables.

Flores comentó en la entrevista que otras seis radios de la región sufren persecuciones similares, al punto que han sido denunciadas ante la fiscalía provincial por un supuesto “hurto del espectro radioeléctrico”.

“Hay un atentado contra la libertad de expresión”, concluye el periodista, que denuncia un plan gubernamental para entregar la tierra a las mineras, y eso incluye políticas represivas dirigidas tanto hacia los pueblos indígenas como a los medios de comunicación que recogen sus reclamos.

Foto:http://radiolavozbaguagrande.blogspot.com/