Mauricio Vanegas, integrante del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo-Vía Campesina (CNTC), consideró que se trata de un “instrumento importante” para combatir el hambre en el campo” y es una “medida paliativa” dirigida a mejorar la situación de los sectores más empobrecidos del país.

Sin embargo, la puesta en marcha del programa gubernamental ha reflejado algunas debilidades, según las organizaciones campesinas. Para Vanegas, uno de los puntos débiles de estas políticas es el impulso que se le otorga a los denominados “encadenamientos”.

“Es un beneficio a lo que en Sudamérica se conoce como los agronegocios, que los controlan los grandes empresarios”, dijo el vocero del CNTC, en una entrevista que difundió La Voz de los Movimientos.

Por otra parte, según el referente campesino, toda la plata con la que cuenta el programa es coejecutada bajo un convenio firmado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Y se termina debilitando porque las multinacionales y la cooperación internacional se llevan la plata que tendría que quedar en el país, y tampoco se fortalece a las organizaciones nacionales”, continuó.

Vanegas piensa que esta iniciativa tampoco ha sido útil para consolidar el trabajo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa), que era una de las premisas establecidas desde el Poder Ejecutivo.

El gobierno de El Salvador definió que el programa de agricultura familiar esté centrado en el desarrollo de diez cadenas productivas: los granos básicos, miel, acuicultura, frutas, ganadería, hortalizas, café, cacao, artesanías y turismo rural comunitario.

En la misma producción radial para La Voz de los Movimientos, otro dirigente del CNTC, Oscar Recinos, reclamó la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaria que las organizaciones campesinas presentaron en 2008, pero que todavía no arrojó "ningún resultado”.

El proyecto legislativo define a la alimentación como un bien de carácter social y público; obliga al Estado a priorizar la alimentación del pueblo a través de la producción nacional y propone la integración del Ministerio de Salud Pública para abordar la desnutrición como una de las mayores problemáticas del campo salvadoreño.

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