De hecho, este 9 de julio un luchador por los derechos ambientales será colocado en el banquillo de los acusados por el simple hecho de denunciar al monocultivo de piña como contaminante de recursos acuáticos, afectado de esa manera a varias comunidades rurales.

La denuncia fue presentada por la Hacienda Ojo de Agua contra Carlos Arguedas Mora, ante la municipalidad de Siquirres, el tercer cantón de la provincia de Limón, en el centro-norte del país.

Arguedas, un ambientalista y sindicalista con muchos años de activismo ha escrito en un blog dedicado a denunciar los intentos por criminalizar la protesta que “esta acción legal no es más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad”.

“Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia.

El sitio web denuncia asimismo la metodología empleada desde el Estado y las empresas con intereses creados contra quienes resisten esas políticas: “estudiantes, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, indígenas, BGLT (grupos bisexuales, de lesbianas, travestis, etc.), desempleados, desempleadas... son objeto de censura y criminalización de sus mensajes y acciones”.

A 48 horas de enfrentar los cargos en la audiencia judicial, Carlos Arguedas dialogó con Radio Mundo Real, ratificó sus denuncias y explicó las estrategias empleadas por las comunidades afectadas para obtener agua potable.

La expansión del cultivo de piña –y también de banano- es un problema en todo el territorio tico, pero más aún en la provincia de Limón, con una temperatura promedio anual de 29ºC y condiciones ideales para ese cultivo fuertemente trasnacionalizado.

Según el portal nacion.com, en la última década ese cultivo ha sufrido una expansión violenta, aumentando en cuanto al área empleada en un 300 por ciento. La utilización intensiva de agrotóxicos ha perjudicado a las comunidades que han visto envenenarse sus fuentes de agua, como es el caso de Siquirres.

El Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional realizó estudios desde 2003 en zonas con el cultivo de piña demostrando la presencia de bromacil en las aguas superficiales saliendo de los campos agrícolas.

Carlos Arguedas señala que el gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de declarar la situación en la zona como de emergencia nacional y rechaza la posibilidad de una conciliación, como ha sugerido la empresa Ojo de Agua.

Afiche juicio piñeras