Es que transcurrido más de un año del cierre de la empresa, se sigue un proceso judicial contra Record, por los delitos de contaminación agravada e infracción a las reglas de seguridad. Sin embargo, la negligencia de la justicia permitió que los directivos de la fábrica abandonaran el país y ahora son buscados por la INTERPOL.

Según el Ingeniero Luis Ramón Portillo, Director del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de El Salvador, a través de un estudio piloto realizado en Sitio del Niño, se logró constatar la presencia de plomo en techos y cielos falsos de viviendas ubicadas a 700 metros de distancia de la fábrica de Baterías Record. El estudio fue realizado en los meses de septiembre y noviembre de 2007.

El Ingeniero Portillo señaló que la presencia de plomo encontrada en los techos de las viviendas es superior a la avalada en las normativas internacionales. “Hay niveles de plomo superiores, la normativa permite 60 partes por millón y ahí tenemos resultados de cientos, 600, dos mil partes por millón”, dijo.

La lucha y demandas de los pobladores continúan ya que en su mayoría padecen males de salud, principalmente los niños, mujeres y ancianos. “Han sido más de 100 niños a los que se les ha encontrado con altas concentraciones de plomo, además al interior de la fábrica aún hay 32 mil toneladas de escoria resguardadas en la planta”, manifiesta Claudia Evangelista, líder del Movimiento Sin Plomo en la comunidad. “Nos preocupa la indiferencia de instituciones del Estado ante este problema, ya que no estamos recibiendo atención médica especializada y digna, por lo que exigimos se reparen los daños a la salud y al ambiente de la zona”, afirmo Evangelista.

Otra de las peticiones que solicitan es que se determine si la zona es habitable y de no serlo que se les relocalice dignamente.

La organización salvadoreña Cesta - Amigos de la Tierra ha demandado al magistrado actuante pasar a la etapa de sentencia de acuerdo a la magnitud del problema, ya que provocaría indignación y sería lamentable que se retroceda en este grave problema. La vista pública que estaba prevista para este 17 de marzo ha sido trasladada para el 21 de abril, por lo que los habitantes de Sitio del Niño tendrán que seguir esperando justicia.

La inacción del gobierno salvadoreño en este caso se asemeja peligrosamente a la complicidad, aunque el Ministerio de Salud de El Salvador hizo algunas pruebas a las víctimas, constatando la contaminación, desestimó hacer demandas a la firma de baterías ni tampoco lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente.

Carlos Mejía, uno de los dirigentes de la organización sin plomo en Sitio del Niño, denunció que había encubrimiento de las autoridades salvadoreñas para proteger a los directivos que tienen vínculos familiares con el ex ministro de Economía, Antonio Lacayo.