Así lo determinó una resolución de la Procuraduría General de la Nación, que ordenó el cese temporal de la explotación minera, perteneciente a la canadiense Goldcorp y que desde hace varios años mantiene en pie de guerra a comunidades indígenas y campesinas.

“Va camino a la suspensión y nos pone contentos. Esperamos que se concrete realmente porque sería una victoria muy importante después de tanta lucha”, dijo a Radio Mundo Real el dirigente Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), integrante de La Vía Campesina.

Pascual opina que éste es un “primer paso importante” que podría sentar un precedente para dirimir otros conflictos ambientales relacionados a las 319 licencias de explotación minera que operan en Guatemala, en su mayoría otorgadas durante la administración del derechista Álvaro Arzú, que gobernó el país entre 1996 y 2000.

“Es uno de los primeros casos que derrotamos y queremos que sea un antecedente”, señaló el dirigente campesino, entrevistado en el marco del IV Foro Social de las Américas que se realizó en Paraguay.

La minera Montana, según Pascual, siempre ha deslindado sus responsabilidades frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos y persecuciones, incluso después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al Estado guatemalteco la suspensión de sus actividades.

El organismo solicitó esa medida cautelar ante peticiones de 18 comunidades mayas Man y Sipakense, que denunciaron la contaminación de sus fuentes de agua y la expropiación ilegal de territorios desde que comenzó la extracción de oro y plata de Montana, en pleno gobierno de Arzú.

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