25 de junio de 2011 | Noticias | Agua | Encuentro de los Pueblos Abya Yala | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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En el marco de la instalación del Tribunal Ético que juzgó casos de criminalización de la resistencia a proyectos extractivos en varias regiones de Ecuador, el abogado Ramiro Ávila señaló que de acuerdo a la Constitución de ese país la protesta social debería ser “protegida” y no “promovida” desde el Estado.
“De acuerdo al actual marco constitucional la protesta pública es un derecho que debería ser protegido por el Estado, inclusive si la protesta contiene elementos que podrían ofender y pequeños daños como cortes de vías”, señaló el jurista.
Ante ello, realizó un llamado al Estado y al Poder Legislativo a derogar las normas que están siendo utilizadas para criminalizar la protesta.
El Tribunal, que recibió testimonios de comunidades judicializadas y reprimidas por distintos procesos de resistencia a explotaciones petroleras, mineras o de acopio de agua, está integrado entre otros por el uruguayo Raúl Zibechi, la ecuatoriana Elsie Monge, Lía Isabel Alvear de Colombia y la nicaragüense María Hamlin.
En el audio de esta nota se puede repasar lo principal de la intervención del jurista ecuatoriano.
Foto: FIAN Ecuador
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