Dos semanas después, en la ciudad boliviana de Cochabamba, las organizaciones sociales que participaron en la Primera Audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática coincidieron con los planteos del principal mandatario, y se marcaron como objetivo impulsar instancias judiciales de alcance global, que puedan aplicar sanciones vinculantes a quienes cometen crímenes ambientales.

En ese ámbito se dictaron condenas morales a las corporaciones y gobiernos denunciados, y sirvió como un puntapié inicial para avanzar hacia una confluencia con iniciativas gubernamentales como las planteadas por Morales ante Naciones Unidas.

¿Qué fundamentos deberían regir a un Tribunal basado en un sistema legal vinculante? ¿Qué peso tendría la sociedad civil en un ámbito con esas características? ¿Es posible que una nueva institucionalidad garantice la sobrevivencia de la humanidad?

¿Qué tipo de condena debería recibir un sistema financiero y comercial salvaje, responsable del cambio climático? ¿Cuánto han aprendido las redes mundiales y movimientos sociales que han luchado contra el ALCA y la OMC estos últimos años? ¿Es posible que la indignación se transforme alguna vez en justicia?

Con todas estas interrogantes sobre la mesa conversamos con Elizabeth Peredo, integrante de la Fundación Solón de Bolivia y una de las referentes del Tribunal de Justicia Climática que sesionó en Cochabamba.