A pesar de la moratoria a esta actividad extractiva decretada por el país centroamericano en 2009, el gobierno encabezado por Laura Chinchilla retomó la posibilidad de explotar yacimientos de gas natural y petróleo, y la compañía beneficiaria es Mallon Oil, de origen estadounidense.

Los planes de la Mallon Oil Company se remontan a marzo de 2000, cuando el Estado le adjudicó una licitación para explorar y explotar hidrocarburos en seis bloques de la zona norte, que comprende 18% del territorio nacional.

Ya en 2003, la Secretaria Técnica Ambiental (Setena) había aprobado un Estudio de Impacto Ambiental cuestionado por los ecologistas y hasta por la propia Dirección de Hidrocarburos estatal, que argumentaban que la recopilación bibliográfica no implicaba un verdadero Estudio de Impacto Ambiental.

Cinco años después, en 2008, la SETENA falló a favor de la empresa; y luego los ecologistas apelaron la decisión ante la Sala Constitucional. Tras un reciente fallo judicial, se le volvió a dar luz verde al proyecto que pretende extraer entre 5 y 19 millones de barriles por año.

Para Mauricio Álvarez, coordinador de la Red Oilwatch Mesoamérica, esta concesión tiene “serias implicaciones” ya que cuestiona la moratoria declarada en 2009.

“El gobierno está tomando esta papa caliente, en los próximos días veremos la reacción publica de todos los sectores adversos a este tipo de propuesta, así como también a la minería, ya que este permiso abarca cerca del 20% del territorio nacional para la prospección y explotación de gas y petróleo”, detalló.

Dicha propuesta cuenta con el respaldo del ex ministro de Ambiente Roberto Dobles, que desde la función pública ha defendido los intereses de la empresa extractiva, al punto que presentó un informe ante los tribunales de justicia en contra del recurso de amparo presentado por varias organizaciones ambientales. Eso sucedió once meses antes de que dejara su cargo ministerial en 2009.

Álvarez, experto en industrias extractivas, recordó la similitud con otras concesiones petroleras otorgadas en el país, como el caso de Harken Oil Company, empresa que tiene demandado al Estado costarricense por 13 millones de dólares.

La querella comenzó tras la anulación del contrato de explotación. El activista apuntó: “en este caso de Mallon Oil Company el Estado quiere otorgar una concesión solo con un recopilado de información como Estudio de Impacto Ambiental al igual que lo hizo en el pasado, lo cual nos pone en una situación de inseguridad jurídica”.

Agregó que este tipo de iniciativas son impulsadas por el gobierno junto a falsas soluciones al Cambio Climático como el Carbono Neutral y REDD, vendiendo al país como una economía verde mientras promociona actividades petroleras.