Los representantes africanos dejaron en claro que no pretendían boicotear la COP, sino mostrar su insatisfacción con la actitud de los países ricos y resaltar la importancia que tiene para África el Protocolo de Kioto.

“Apoyamos las demandas de los países africanos con respecto a las metas de Kioto y las reducciones de emisiones obligatorias para los países desarrollados”, dijo el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Nnimmo Bassey. “Denunciamos las tácticas de negociación sucias de los países desarrollados que están tratando de cambiar las reglas para inclinarlas a su favor. Los países desarrollados están estancando las negociaciones mientras África intenta que avancen”, aseguró, citado en un comunicado de prensa de la federación ambientalista.

Al mismo tiempo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) también se hizo oir respecto a Copenhague. Sus jefes de Estado y de Gobierno convinieron el domingo y lunes en su VIII Cumbre en La Habana, capital de Cuba, reafirmar la Declaración Especial sobre Cambio Climático que habían adoptado el 17 de octubre en Cochabamba. Los integrantes del ALBA son Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, y Honduras (país solo reconocido por la organización bajo el gobierno de Manuel Zelaya, derrocado por una dictadura militar).

En el documento de octubre los Estados del ALBA aseguran que los países desarrollados, principales responsables del cambio climático y de sus impactos adversos, no tienen la intención de alcanzar resultados justos y balanceados en Copenhague. Deploran además que los Estados ricos hayan encaminado sus esfuerzos a alterar y quebrantar los principios y compromisos del régimen legal vigente, con el objetivo de perpetuar sus patrones de producción y consumo insostenibles, y la dependencia y marginación de los países en desarrollo.

Los Estados del ALBA ratifican entonces la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Por eso rechazan categóricamente los intentos de matar estos instrumentos, anularlos o sustituirlos por nuevos acuerdos, que erosionen o alteren las obligaciones jurídicamente vinculantes que en ellos contrajeron los países industrializados. Entre esas obligaciones están las reducciones de emisiones, la transferencia de fondos al Sur global para las tareas de adaptación y mitigación del cambio climático, y la transferencia de tecnología para que los países pobres económicamente se puedan desarrollar de forma sustentable.

En la declaración que acordaron en Cochabamba, los países del ALBA ratifican que la crisis ambiental resultante del incremento de las temperaturas en la atmósfera es consecuencia del sistema capitalista, del prolongado e insostenible patrón de producción y de consumo. Subrayan también que los países desarrollados, que tienen solo el 20 por ciento de la población mundial, contrajeron una deuda climática con los estados en desarrollo, las futuras generaciones y la Madre Tierra, al sobre consumir el espacio atmosférico y al haber generado aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones históricas mundiales.

Destacan que esta deuda climática, en el marco más amplio de la deuda ecológica, comprende tanto una deuda de emisiones como una de adaptación, que debe ser honrada por los países desarrollados a través de: reducciones de emisiones domésticas sustanciales, transferencia de tecnología al Sur global sin derechos de propiedad intelectual, y transferencia de fondos para la adaptación y mitigación del cambio climático.

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