Varios diputados de los opositores Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, e integrantes del Bloque Verde, red de organizaciones ecologistas de Costa Rica, realizaron el 17 de febrero una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para pedir que se conteste negativamente a la solicitud de la empresa L.M. Veintiuno para la siembra comercial de piña transgénica. La compañía pretende plantar de 80 a 200 hectáreas de ese cultivo en el sur del país.

El ambientalista Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social, dijo en la rueda de prensa que “sembrar de 80 a 200 hectáreas de una piña genéticamente modificada, que no ha sido estudiada sobre sus impactos en la salud, es poner en riesgo la bioseguridad nacional”.

Como muestra un reporte televisivo de la Unidad de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Pacheco agregó en la conferencia que “el departamento de Biotecnología del Estado, el Servicio Fitosanitario, ha mostrado una absoluta incapacidad para velar por la bioseguridad de Costa Rica”.

En una línea similar se manifestó la representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, Erlinda Quesada. “Si nuestras autoridades no han sido capaces de mitigar o de transformar todos los problemas ambientales y sociales que se han generado con la piña convencional, ¿cómo nos van a garantizar en este momento de que va a ser diferente con la piña transgénica?”. “Para nosotros eso es casi imposible”, acotó.

Las organizaciones ecologistas del Bloque Verde manifestaron en comunicado de prensa que el departamento de Biotecnología del Estado está “abandonado”, con tres funcionarios “encargados de velar por la bioseguridad de áreas de siembra que superan las 800 hectáreas (período 2009-2010) de soja y algodón transgénico”. Hubo años donde las áreas de siembra superaron las 1700 hectáreas.

El Bloque Verde y los diputados del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio piden que se aplique el “Principio Precautorio” para evitar el cultivo de un transgénico del que no se conocen los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente. El Bloque Verde expresa en su comunicado que es “inaceptable” la liberación de la piña transgénica sin estudios objetivos que garanticen la total inocuidad del cultivo. Ambientalistas y parlamentarios firmaron un pronunciamiento con estos lineamientos que entregarán a varias dependencias de gobierno.

“Otorgar estos permisos sería un suicidio ecológico para Costa Rica, sería algo desastroso”, dijo en la conferencia de prensa el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. “No hemos tenido capacidad ni siquiera de fiscalizar el cultivo convencional de la piña, siguen proliferando los problemas de contaminación de las fuentes de agua, de erosión, de destrucción de zonas boscosas, son daños que las autoridades no han podido controlar a pesar de que son cultivos convencionales”, agregó.

Villalta destacó también que “ni siquiera en Europa, con su capacidad científica, tecnológica y económica han podido hacer estudios concluyentes sobre el impacto que la piña transgénica va a tener en la vida, la salud, el ambiente y la economía”.

En este contexto, el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad costarricense y la sección nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), entre otras redes y grupos, están trabajando en una campaña contra las fumigaciones en el país, a la que denominan “Paren de fumigar”. Aseguran que Costa Rica es el Estado que presenta el mayor uso de agrotóxicos en la región y que investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas dan cuenta de que en el país aumenta significativamente la utilización de esos productos sin que crezca el área agrícola.

A continuación puede ver el reporte audiovisual de la Unidad de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

Foto: http://www.bloqueverde.blogspot.com/