La empresa canadiense Iamgold, que obtuvo la concesión de exploración y explotación de yacimientos de oro en el páramo de Kimsacocha aparece como la principal amenaza a las fuentes de agua en la tercera metrópolis ecuatoriana. Aunque no es la única.

Sin embargo, experiencias no tan lejanas en el tiempo han permitido a las comunidades conocer los efectos nefastos de la minería para la producción de alimentos y el acceso al agua de riego y potable. Y en base a ello han articulado su resistencia.

Así lo relataron habitantes de parroquias cercanas a Cuenca como Tarqui, Girón, Cochapata, Santa Isabel y San Juan de Gualaseo a los integrantes de la Misión de Verificación sobre el Derecho a la Alimentación y la criminalización de la protesta social.

Dicho grupo de trabajo estuvo integrado por miembros de la organización FIAN Ecuador, el coordinador de la Plataforma Continental de Derechos Humanos Pablo De la Vega y periodistas de Radio Mundo Real.

El informe preliminar del recorrido será presentado este día martes en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala en defensa del agua y la Pachamama y difundido internacionalmente junto a un documental que reúne diversos testimonios.

El Encuentro además reunirá a un panel ético de integración internacional para considerar los casos de criminalización contra los y las defensoras del derecho al agua como un Derecho Humano.

Al respecto dijo Arnulfo Cañar a Radio Mundo Real en su parroquia, San Bartolomé: “en nuestra parroquia ya tenemos experiencia con una minera que funcionó aquí hace 20 años y aún sufrimos las consecuencias. Con quedarnos en silencio estaríamos formando parte de las minas”.

La extracción de plata y minerales para la elaboración de cerámica, literalmente envenenó sus fuentes de agua hasta que el negocio dejó de ser rentable y la empresa abandonó sus instalaciones dejando una poza que no puede servir para acopio de agua debido al alto nivel de metales pesados que contiene.

Hay experiencia

Ana Heras Puchas, integrante de la comunidad de Santa Isabel comentó por su parte a la Misión: “Nunca fuimos consultados en nuestra comunidad sobre la concesión minera. Estamos en contra porque nos están acabando. Al plato de oro no lo podemos comer, a nuestros productos sí”.

“Hemos visto en otros países a la gente en llagas, sin poder beber agua ni bañarse en ella por culpa de los venenos que bota la minería”, comentó por su parte Carlota Muñoz, de la parroquia de Tarqui cercana a Cuenca.