El movimiento social en este país ha venido denunciando diversas irregularidades respecto al manejo de los recursos públicos destinados al funcionamiento de todo el sistema de salud, caracterizado como uno de los únicos, a nivel global, que ofrece atención médica de forma universal y gratuita.

Los manifestantes afirman que en los últimos cuatro gobiernos, tanto políticos como funcionarios han sumergido a la CCSS en una crisis debido al otorgamiento de contratos multimillonarios con multinacionales de medicamentos y de equipos médicos. Sumado a esto grandes empresas transnacionales y el mismo Estado adeudan a la CCSS sumas millonarias en materia de impuestos.

Así también diversas organizaciones denuncian el acelerado proceso de privatización de los servicios de salud pública y el florecimiento de grandes empresas en esta materia relacionadas a figuras políticas como el ex-presidente Óscar Arias, el cual se ha convertido en uno de los más grandes inversores en materia del negocio de la medicina.

Desde tempranas horas de este jueves una multitud se hizo presente en la Avenida Segunda, con consignas como la "salud no es un negocio" o "defendamos la CCSS".

Uno de los objetivos de esta concentración era entregar una carta de petitorias a la Junta Directiva de la institución. Pero los jerarcas de la misma no la recibieron por lo que las personas manifestantes decidieron mantenerse en el lugar hasta ser escuchados.

Cerca del mediodía, la policía recibió ordenes de "limpiar la calle", y en ese momento empezaron las acciones represivas.

Más de 200 personas se defendieron de la acción de los antimotines. Sin embargo, la policía avanzó sobre los y las manifestantes reprimiéndolos violentamente. Esto dio como resultado 21 personas detenidas, y la agresión física a muchas personas, entre quienes se encuentran 2 diputados de uno de los partidos opositores al gobierno.

En esa primera ola de represión, la mayoría de los presos eran líderes sindicales, militantes de partidos de izquierda sin representación parlamentaria y del Partido Frente Amplio (también de izquierda), estudiantes universitarios y un vendedor ambulante que no participaba de la manifestación.

Pese a eso el movimiento social decidió mantenerse en la calle hasta ser escuchado. A eso de las 17 horas, nuevamente de forma violenta, la policía arremete contra los manifestantes los cuales también pedían la liberación de las personas detenidas en la mañana.

Para horas de la noche la presencia policial se incrementó.A las 18 horas la policía decretó un ultimátum dirigido por Raúl Ribera, director de la policía de San José. Momento a partir del cual comienza un tercer episodio de represión violenta contra los manifestantes orquestado por Ribera.

Los más de 200 antimotines presentes en el lugar procedieron a golpear, dispersar y encarcelar a los manifestantes. Producto de esto se produjo un saldo de 11 detenidos y varios heridos de consideración.

Debido a la solidaridad del mismo movimiento se logró la liberación de todos los detenidos la misma noche del jueves.

Luis Salas, referente del movimiento social, fue entrevistado por Radio 8 de Octubre y denuncia que "esto es un acto violento y de prepotencia, la actitud del gobierno es provocativa y una estrategia para entrenar la policía para futuros enfrentamientos. Esto es un abuso total de autoridad y una violación a los Derechos Humanos", apuntó Salas.