En noviembre pasado, el dirigente Rafael González del CUC, en declaraciones a Radio Mundo Real había adelantado la existencia de dicha campaña, expresada a través de columnas de prensa, reportes televisivos y radiales donde se repiten calificativos hacia la organización similares a los empleados durante la guerra sucia y el régimen represivo de Efraín Ríos Montt hacia los movimientos insurgentes.

En esa oportunidadse identificaba ya claramente la campaña empleando palabras claves con el consiguiente significado de criminalización y eventualmente justificación de actos violentos contra la CUC y sus dirigentes.

El caso fue planteado oportunamente ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, porque la pertinaz campaña concretamente amenaza la vida de los dirigentes de la CUC.

El 24 de enero, dirigentes de la CUC se hacen presentes en San Juan Sacatepéquez donde desde hace diez años busca instalarse la empresa Cementera Progreso, encontrándose con la resistencia de la comunidad y de los integrantes de un proyecto de extracción y distribución comunitaria de agua potable.

Los dirigentes campesinos de varias organizaciones se hicieron presentes para manifestar la solidaridad con quienes resisten a la empresa, encontrándose con una verdadera “emboscada” por parte de empleados de la misma.

“Portaban machetes y piedras y me manifestaron que ya hace mucho tiempo querían eliminarme pues me acusan de generar división en la comunidad. Afortunadamente no se atrevieron a eliminarnos en ese momento aunque sí realizaron varias amenazas y golpearon nuestros vehículos”, relató Daniel Pascual a Radio Mundo Real*.

Tras ese hecho, con la intervención del alcalde de dicho municipio Fernando Bracamontes Márquez, acusando a la organización por enfrentarse a la inversión privada, se desata una nueva oleada de acusaciones mediáticas hacia el CUC, tornándose más vulnerable dicha organización ante eventuales agresiones.

En esa misma comunidad se hizo presente en 2011 el Relator Especial de ONU para Pueblos Indígenas James Anaya, corroborando el derecho de la comunidad a resolver sobre un proyecto que amenaza sus medios básicos de vida en su territorio.

Daniel Pascual informó que se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de DDHH, reclamando el derecho a respuesta en los medios donde han sido difamados y se han presentado querellas contra algunas personas que han amenazado a la organización.

“Quieren vernos aplastados y callados para no salir a defender nuestros derechos. Estamos esperando toda la solidaridad posible en esta batalla en defensa de los defensores y defensoras de DDHH. La intención es criminalizar y llevar a la cárcel a la dirigencia”, explica Pascual en la entrevista.

Realidad y ficción

El dirigente de la Vía Campesina Guatemala también compara los dichos del presidente Otto Pérez Molina en reciente visita oficial a España en que minimizó la importancia de los conflictos agrarios y territoriales en ese país.

Mientras Pérez Molina narraba una realidad de paz y estabilidad ante posibles inversores europeos, señala Pascual, la cifra diaria de asesinatos en situaciones de violencia se eleva a quince y algunos medios de comunicación locales indican que el total de conflictos agrarios por causa del agronegocio empresarial o la minería trasnacional completan los 1300 casos.

“El Presidente parecía un mercader que buscaba vender o regalar nuestros recursos naturales. Pero eso no va a prosperar: hay una resistencia muy grande en muchos territorios del país”, recalcó Daniel Pascual.

Foto: convergenciawaqibkej.wordpress.com

* La entrevista fue realizada por nuestra compañera de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala), Ana Guadalupe Matzir.

En video adjunto producido por CUC puede verse a Daniel Pascual analizando la campaña contra el CUC en momentos en que se presentaba un recurso de Exhibición Personal por amenazas y difamaciones en su contra.