Además, estudiantes de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad estadounidense de Texas, en Austin, demostraron a través de un estudio realizado en 2010, que este megaproyecto ha provocado violaciones a los Derechos Humanos, y todas las miradas apuntan al Estado de Costa Rica y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esta empresa estatal es la responsable de la mayor parte de la generación de electricidad del país, y es también la principal impulsora de la planta hidroeléctrica El Diquís, que generará 650 megavatios y que, según se estima, inundará el 10% del territorio indígena Terraba, ubicado al sur de Costa Rica y habitado por el pueblo Teribe.

El proyecto dejará bajo el agua a sitios de importancia espiritual y cultural, y desplazará a cientos de familias. Y los planes no parecen apuntar a cubrir la demanda nacional: Costa Rica ya tiene una cobertura eléctrica del 99% de su territorio, pero de todas formas los planes de “generación Estratégica de Electricidad” pretenden duplicar la producción energética para el 2021.

Las organizaciones indígenas y ambientales que se oponen al proyecto cuestionan el verdadero destino de esta energía. La directora sectorial de energía del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Gloria Villa, admitió que no está descartada la exportación a países vecinos.

Por su parte, la Clínica de Derechos Humanos responsabiliza a Costa Rica por no incluir a los indígenas de Teribe en el proceso de toma de decisiones que desembocó en el proyecto El Diquís, y por no obtener un consentimiento "libre, previo e informado" tal como lo exigen las normas internacionales a las que suscribió el país centroamericano, según lo expresado por Eva Hershaw.

En el informe, dado a conocer simultáneamente en San José y en Austin, Texas, la Clínica de Derechos Humanos indica que mientras el ICE argumenta que simplemente se encuentra realizando estudios de factibilidad y de impacto ambiental, en la comunidad es posible observar diariamente convoyes de maquinaria pesada, con la insignia del ICE, trabajando para ensanchar caminos de tierra y realizando otras obras como la voladura de montañas con dinamita.

La Clínica de Derechos Humanos cuestiona al ICE porque éste insiste en que sólo está realizando estudios y pretende realizar una consulta con la comunidad, en algún tiempo futuro que nunca define.

”Posponer el consentimiento es equivalente a negar al pueblo Teribe su derecho a ser consultado y a dar su consentimiento libre, previo e informado con relación a proyectos de gran envergadura como El Diquis”, de acuerdo a lo denunciado por Isabel Rivera Navas, de la Asociación Mano de Tigre de Terraba, quien participó de la presentación del informe.

Foto: http://www.utexas.edu