En los setenta se impulsaron tribunales internacionales para condenar la incursión militar de Estados Unidos en Vietnam, algunos años después hubo otros para juzgar a las dictaduras militares en América Latina y África, y luego para denunciar la inconveniencia del pago de la deuda externa.

“Los pueblos del Sur no somos deudores. Somos acreedores de una deuda ecológica y climática”, sintetizó Beverly Keene, coordinadora de la red tricontinental Jubileo Sur, y una de las integrantes del jurado que se conformó en Cochabamba.

La activista residente en Argentina piensa que el “flagelo” del cambio climático es una consecuencia de un modelo de desarrollo que asocia “la acumulación de la riqueza con la felicidad”.

El tribunal de Justicia Climática analizó los casos de la comunidad Khapi de Bolivia, los impactos sobre las poblaciones del Bajo Lempa en El Salvador, una denuncia contra la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions, otra sobre los impactos climáticos causados por la Iniciativa para la Integración Regional de Sud América (IIRSA) y una demanda presentada por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar del Cauca en Colombia.

También se condenó a la minera Volcán y al Estado de Perú por los daños provocados a niñas y niños con exceso de plomo en sangre en la zona de Cerro de Pasco, y otra denuncia contra Doe Run Perú por la contaminación en la región de Junín.

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