Y como era de esperar, se recordó en esta actividad a los militantes sociales que han sido criminalizados y perseguidos por oponerse a la actividad de la mina Marlin, perteneciente a la firma Goldcorp, y ubicada en San Miguel Ixtahuacan, en el departamento de San Marcos.

Además de esas persecuciones, el emprendimiento aurífero a cielo abierto ha generado otros conflictos en la comunidad guatemalteca.

“Muchos miguelenses se dejan llevar por la manipulación de la empresa, y eso ha generado una división entre las comunidades”, dijo a Radio Mundo Real uno de los dirigentes de San Miguel que llegó hasta el encuentro contra las actividades extractivas, realizado en el suroccidental departamento de Sololá.

Allí se denunciaron, entre otros impactos, impactos sobre la salud de mujeres y niños que viven en la zona, y que se han mantenido ocultos “porque son familiares de los trabajadores” de la empresa, según testimonios de indígenas afectados.

“Queremos que respeten nuestros derechos, el gobierno no escucha a los pueblos indígenas. Los miguelenses hemos hecho muchas denuncias y nunca nos han escuchado, los pueblos indígenas reclamamos y no nos hacen caso, y como pueblos nos vamos dividiendo”, manifestó un dirigente opositor a Marlin.

A finales de octubre, ejecutivos de la Goldcorp anunciaron con bombos y platillos que un estudio hidrogeológico realizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales concluyó que las extracciones auríferas “no contaminan el agua, pues ésta no se extrae de los pozos de las comunidades cercanas”.

Sin embargo, el diario local Prensa Libre informó pocos días después de divulgado el estudio que la cartera ministerial “no tiene la capacidad técnica ni financiera” para concretar un estudio con esas características, y agrega una información que termina de explicar todo: el trabajo del Ministerio de Ambiente fue “pagado por Goldcorp”.

Foto: www.prensalibre.com