Sin embargo, en la transición política entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica –que asumirá el 1º de marzo próximo- sumado al receso estival, no aparecen ideas que contrasten con el discurso productivista o bien alimenten la falsa dicotomía entre un “campo en abundancia” y ciudades “hambrientas”.

Según ha sido difundido, unas 4.600 toneladas de la fruta, que alcanzó precios en torno a los 0,30 dólares el kilogramo en el mercado mayorista dado el aumento de producción en una zafra excepcional, habrían sido “destruidas”, es decir arrojadas a los cerdos o bien literalmente enterradas sin ingresar al circuito comercial.

Que la destrucción de producción ha sido un método largamente empleado para la regulación de mercados con sobreoferta es una ley del desarrollo del capitalismo ya plasmada por Karl Marx en su “Capital”. Sin embargo, cuando las mercancías son alimentos, lo injusto del sistema golpea con fuerza especial las conciencias, o al menos así debería ser.

Las respuestas en torno a este tema dejan al descubierto las falencias de un sistema de producción de alimentos en Uruguay, librado al libre juego de la oferta y demanda, con la casi nula aplicación de políticas diferenciadas en toda la cadena, desde la producción primaria, la comercialización y aún los hábitos de consumo.

El secretario de la gremial de pequeños productores (Comisión Nacional de Fomento Rural), Fernando López, declaró que los grandes volúmenes de comercialización de esta y otras frutas pasan por las manos de cinco grandes empresas y que son ellas las que tienen la capacidad de regular el precio mediante la destrucción. Está claro, ha dicho, que ningún pequeño productor a titulo individual destruiría su cosecha, sino que son los grandes acopiadores quienes cuentan con un panorama más cabal del mercado como para asumir esa drástica decisión.

La respuesta del presidente electo José Mujica –quien ejerciera como Ministro de ganadería y Agricultura en el período 2005-2009- fue lamentar no haber podido exportar esa fruta a los países cercanos para alivianar el mercado y asignó esa “falla” a la “falta de organización” de los productores. Ni una línea respecto a la falta de planificación estatal o a la carencia de un aparato industrial que agregara valor al alimento primario.

La idea de Soberanía Alimentaria, entendida como “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos de comercialización y de gestión de los espacios rurales” y sus consiguientes consecuencias en el tejido productivo aparece ausente de los planteos a las puertas de un nuevo gobierno progresista.

Como suele ocurrir, este tema será sepultado por otros: las copas de fútbol de verano, el divorcio de alguna diva argentina o los preparativos de la transición… Quizá si a partir de este fenómeno la sociedad uruguaya toda pudiera discutir a fondo la realidad del sector productivo como una cuestión de verdadera soberanía, habríamos ganado algo.