La compañía canadiense Goldcorp es propietaria de la Mina Marlin, ubicada desde 2005 en el municipio de San Miguel de Ixtahuacan, que en 2011 produjo 382.400 onzas de oro con una ganancia de 607 millones de dólares.

El gobierno guatemalteco autorizó la explotación en un área de 20 km cuadrados durante 25 años, de los cuales hasta ahora se han explotado cerca de 2km, con graves efectos para la población de la región.

A raíz de la llegada de la compañía a sus territorios, las comunidades de San Miguel Ixtahuacán han sido víctimas, entre otras, de graves daños para su salud, la contaminación de las aguas, ocasionada por el vertimiento de sedimentos y cianuro, la destrucción de sus territorios y casa, a raíz de la construcción de las canteras y el uso de explosivos para la extracción del oro, el pago de bajos salarios a los trabajadores locales y la necesidad de migrar ante la situación que pone en peligro sus vidas.

Las comunidades de la región se han opuesto desde hace varios años a la acción de la mina, inicialmente a través de consultas comunitarias, que fueron desconocidas por el gobierno y la minera y posteriormente, denunciando los crímenes económicos y ecológicos ante las autoridades locales, tribunales de opinión nacionales e internacionales y demandando el respeto del convenio 169 de la ONU.

No obstante, la fuerte resistencia en defensa de la vida y la naturaleza, tanto para esta como para futuras generaciones, ha sido criminalizada y perseguida, con la complicidad del gobierno de Guatemala, que está legislando a favor de las empresas trasnacionales (ETNs) y en contra de la garantía de los derechos de las y los guatemaltecos.

La compañía minera “Montana Exploradora” (es decir Goldcorp) ha desarrollado una serie de programas de Responsabilidad Social Corporativa, que implican una inversión mínima, desconocen los procesos comunitarios y han logrado dividir a las comunidades que antes rechazaban con unanimidad las acciones de la minera, generando incluso acciones de violencia entre miembros de una misma comunidad.

El gobierno de Guatemala ha sido cómplice de estos crímenes, brindando protección a la empresa y desconociendo las demandas de las comunidades.

El gobierno canadiense es también responsable de las violaciones a los derechos de estas comunidades, al permitir la actuación de sus empresas fuera de las leyes que regirían bajo su territorio y buscar la garantía para el ejercicio de sus actividades en cualquier país, a través de la negociación de Tratados Bilaterales de Inversiones (TBIs) y Tratados de Libre Comercio (TLC).

Foto: Víctor Barro (AT España)