El recurso, presentado en la Justicia Federal de Belém, Pará, cita estudios técnicos que certifican que la construcción de Belo Monte llevará al desplazamiento de pueblos indígenas. Decenas de miles de personas serían expulsadas de sus tierras. El MPF puso sobre la mesa por primera vez en tribunales brasileños los derechos de la naturaleza.

“Cuando los primeros abolicionistas brasileños proclamaron a los esclavos como sujetos de derechos fueron ridiculizados. En el mismo sentido fueron los defensores del sufragio universal, ya en el siglo XX. En ambos casos, la sociedad obtuvo incalculables ganancias”, dice la acción judicial según nota publicada en el portal web del MPF. “En este siglo la humanidad camina hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. La visión antropocéntrica utilitaria está superada. Significa que los humanos ya no pueden someter a la naturaleza a la exploración ilimitada”, agrega el recurso.

Según informa el MPF, todos los documentos técnicos disponibles concuerdan que el proyecto de Belo Monte destruirá una parte considerable de la biodiversidad de la región de la Volta Grande do Xingu. Se trata de un trecho de 100 kilómetros de río que tendrá el caudal drásticamente reducido para alimentar a las turbinas de la central.

Ese trecho del Xingu es considerado de importancia biológica extremadamente alta, por decreto del Ministerio de Medio Ambiente, debido a la presencia de poblaciones animales que existen sólo en esa área, esenciales para la alimentación y la economía de los pueblos de la región. De acuerdo al MPF, la reducción del caudal del Xingu provocará la disminución de las aguas subterráneas, la extinción de especies de peces, aves y tortugas, entre otras consecuencias.

“Belo Monte encierra varios enfrentamientos: entre la generación de energía hidroeléctrica y los derechos indígenas; entre el interés de las empresas contratistas y el derecho de la naturaleza; entre el derecho al crecimiento económico y los principios del derecho ambiental”, agrega la acción del MPF.

Para los procuradores de la República Belo Monte viola derechos de los pueblos indígenas locales, de habitantes de las zonas costeras del Xingu y de agricultores, pero también los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras, objetos de numerosos convenios y tratados internacionales promulgados por Brasil y además presentes en la Constitución nacional.

El MPF tiene claro que la destrucción de los ecosistemas en la Volta Grande do Xingu y las presiones de la fuerte migración hacia la zona en busca de trabajo en las obras de la central, harán imposible la permanencia de los indígenas en sus tierras. Ese desplazamiento está prohibido por el artículo 231 de la Constitución brasileña. Los principales afectados serían los pueblos juruna y arara.

La propia Fundación Nacional del Indígena, dependiente del gobierno, enumera los impactos de la central: aumento de la presión sobre la tierra, deforestación del entorno, afecciones sobre los medios de navegación y el transporte, sobre los recursos hídricos y sobre las actividades de caza, pesca y recolección. También señala el estímulo a la migración indígena hacia núcleos urbanos, el aumento de la vulnerabilidad de las organizaciones sociales locales y de enfermedades infecto-contagiosas, entre otras.

En caso de que no se paralicen las obras de Belo Monte, los procuradores del MPF piden que el consorcio a cargo de la central, Norte Energia, sea obligado a indemnizar a los pueblos indígenas y a las comunidades costeras de la Volta Grande do Xingu, por los impactos que se les causará y por la destrucción de la biodiversidad.

Foto: http://mandioca.wordpress.com