Según la Contraloría, que se basó en estudios de ASOQUIMBO y otros propios, esas irregularidades pudieron causar un detrimento patrimonial superior a los 350 000 millones de pesos (unos 195 millones de dólares) por las afectaciones sociales, ambientales y económicas del proyecto.

ASOQUIMBO requerirá que “como medida precautelar, para evitar que se continúe con este desastre, este detrimento patrimonial, se pare de inmediato el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, mientras se establecen todas las responsabilidades y se entran incluso a cancelar todas las indemnizaciones por los daños causados”. Así lo dijo a Radio Mundo Real el profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana Miller Dussan, integrante de ASOQUIMBO que está este viernes en Bogotá, capital colombiana, ajustando detalles jurídicos para la presentación de la solicitud formal.

La asociación de afectados por El Quimbo pedirá por la vía judicial, paralelamente, el pago de indemnizaciones a todas las poblaciones afectadas por la construcción del proyecto. Y ha convocado además a una gran “minga” para el 20 de septiembre en la capital del departamento de Huila, Neiva, para que las comunidades locales y afectados por la central se reúnan a presionar por la suspensión del emprendimiento.

El Quimbo, perteneciente a la empresa Emgesa, filial de la española Endesa y la italiana Enel, se está construyendo sobre el río Magdalena y afectaría a varios municipios del Huila colombiano. Se prevé que inunde unas 7300 hectáreas y unas 800 familias serían expulsadas de sus territorios.

En ese sentido, el jueves jornaleros que habían sido expulsados de sus predios por la compra de tierras de Emgesa comenzaron a volver a sus fincas a producir, por considerar que fueron despojados de sus propiedades de manera ilegal.

En el diálogo con Radio Mundo Real, Dussan destacó que las conclusiones de la Contraloría General de la Nación coinciden con los resultados de los estudios de ASOQUIMBO, que había puesto a disposición del organismo de Estado. Los afectados por El Quimbo habían demostrado con sus investigaciones que el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto había sido ilegal y que, como consecuencia, hubo una grave afectación al patrimonio nacional y regional. Para la Contraloría esa afectación alcanza el entorno de los 195 millones de dólares. Esa cifra supera, según Dussan, las inversiones de Emgesa para compensaciones sociales y ambientales. La Contraloría resolvió ahora abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Dussan enumeró las afectaciones económicas, sociales y ambientales que causaron el estrago patrimonial. “Se está reconociendo la destrucción de las cadenas productivas, la afectación de la seguridad alimentaria de la región, los desplazamientos ocasionados por la compra y venta de predios de la transnacional Endesa, la destrucción de las empresas comunitarias existentes en la región, la destrucción de todos los tejidos comunicativos, las afectaciones psico-sociales”. Asimismo, “la destrucción fundamentalmente de los ecosistemas estratégicos, que implica también la destrucción de flora y fauna en el territorio, y el incumplimiento de la transnacional de todo lo que había sido consignado en la licencia ambiental”.

Para el dirigente de ASOQUIMBO lo más importante de las conclusiones de la Contraloría General de la Nación es que “se señala que el responsable de todo esto es el Ministerio de Ambiente, porque en última instancia actuó en connivencia con la transnacional y ha modificado la licencia ambiental en más de diez oportunidades para adecuarla a sus demandas”. Por eso “siempre sostuvimos que el Ministerio de Ambiente ha sido una subsidiaria de las transnacionales”, agregó, al tiempo que recordó que el ex gobierno nacional de Álvaro Uribe le dio via libre a El Quimbo “por encima de la Constitución y de las leyes”.

Dussan saludó los procesos de resistencia contra El Quimbo de las comunidades locales, con el apoyo de grupos como el Movimiento Ríos Vivos de Colombia y el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra del Huila. Esa resistencia y lucha por derechos ha debido enfrentar más de una vez la represión de las fuerzas públicas, como la de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) contra una manifestación pacífica el 13 de agosto. Ese día unos 2000 pescadores, campesinos e indígenas del Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra cortaron una ruta cerca del municipio de Hobo, en el Huila, en rechazo a los megaproyectos minero-energéticos y por una salida política al conflicto armado nacional. Hubo decenas de manifestantes y varios efectivos del orden público heridos.

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