Se trata de una explotación que, a pesar de contar con apenas cinco años de existencia en actividad, ya muestra un dramático saldo de víctimas, privatización de fuentes de agua, envenenamiento del río del cual toma el agua para el proceso de obtención de oro (Cuilco), expulsión de campesino-indígenas y criminalización de aquellas y aquellos que han decidido defender su territorio.

La delegación, integrada por la Presidenta de Amigos de La Tierra Internacional Jagoda Munic, el Premio Goldman 2011, el salvadoreño Francisco Pineda, la integrante del TNI Lyda Forero, junto a militantes de Colombia, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Guatemala, España y Filipinias llegó hasta la casa parroquial de San Miguel Ixtahuacán para entrevistarse con una quincena de habitantes que brindaron sus testimonios sobre la resistencia y sus consecuencias.

Entre ellos se encontraba la integrante del Frente de Defensa Miguelense, Crisanta Pérez, sobre quien pesan varias causas iniciadas por parte de la empresa Montana, subsidiaria de la canadiense Goldcorp.

Crisanta junto a otras siete mujeres de comunidades Mam nucleadas en torno al municipio de San Miguel Ixtahuacán, fueron procesadas por daños contra la empresa, una vez que la corporación realizara un tendido de alta tención hasta la planta industrial por entre sus parcelas, colocando un tendido de alta tensión y postes eléctricos por encima de sus casas.

La persecución motivó su exilio a México, el distanciamiento respecto a sus hijos y su comunidad y posteriormente su apresamiento en momentos en que regresaba a su comunidad para tener familia. “Después de todo ese proceso salimos libres pero no tan libres porque la juega nos dijo que debíamos estar dos años en disciplina, sin poder ejercer nuestros derechos”, dijo Crisanta.

También describió el reciente enfrentamiento con la empresa por la realización de perforaciones para la búsqueda de agua en las inmediaciones de pozos de agua comunitarios, que podría acarrearle nuevas acusaciones. “Esos nacimientos de agua nos da vida. Ahí vivieron nuestros abuelos, ahí llegaban a lavar ropas y esa es nuestra preocupación”, indicó.

Hombres y mujeres de las distintas comunidades mam brindaron claros testimonios de violaciones de derechos ambientales y humanos básicos, desde el referido a la alimentación adecuada, el acceso al agua potable y hasta a la educación de sus hijos. Señalaron asimismo que la minera cuenta con un ejército de funcionarios a sueldo insertos en las comunidades y operando a favor de la empresa, generando serias divisiones y conflictos en las mismas.

“Ellos nos quieren sacar de las comunidades y nosotros no podemos ir a vivir a otro lugar”, dijo Crisanta. La resistencia a Marlin ha contado con el soporte fundamental de la pastoral social de la parroquia de San Miguel, así como con el acompañamiento de varias organizaciones. Sin embargo, Crisanta fue crítica respecto a la discontinuidad de dichos acompañamientos, dado el agravamiento de la situación bajo el actual gobierno guatemalteco del militar represor Otto Pérez Molina.

Marlin-Montana cuenta con una relativamente pequeña área de explotación (20 kilómetros cuadrados), sin embargo sus efectos tanto lisa y llanamente ambientales como sociales, se hacen sentir desde decenas de kilómetros a la redonda y llegan incluso hasta México, donde desemboca el Río Cuilco, donde se vierten los metales pesados de la explotación.

En tanto, este jueves la delegación internacional visitará a los siete presos políticos provenientes del levantamiento en Santa Cruz Barillas contra la instalación de una hidroeléctrica por parte del consorcio español Hidralia y en horas de la tarde se brindarán, en rueda de prensa, las primeras impresiones del grupo.

Escuche el testimonio de Crisanta Pérez en audio adjunto

Foto: Víctor Barro (Amigos de la Tierra España)