Denunciaron que el otorgamiento de licencias para la minería a cielo abierto pone en “peligro de extinción” a Panamá, sobre todo por los impactos que provoca esa actividad en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Hay casi 300 concesiones mineras en trámite ante las autoridades ambientales panameñas, lo que supone, según las organizaciones, un atentado contra el modelo de desarrollo sostenible. “El gobierno de Panamá ha declarado su intención de ampliar la cobertura minera en un país frágil y clave para el equilibrio ambiental de la región”, aseguran desde la plataforma firmante de la declaración.

Aseguran que estas licencias se otorgan a espaldas de las comunidades. Dicen que no hay consultas previas y se oculta la información. Todo esto deriva en un desplazamiento de comunidades y la contaminación de recursos naturales, que hiere de muerte a la economía local.

El texto de las organizaciones se entregó a la prensa y se leyó en plena conferencia del cónclave ministerial. Cuando los ambientalistas irrumpieron en la sala de conferencias estaban sentados Angela Copper y Margarita Astrálaga, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el funcionario Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá.

Detrás de ellos, que miraban atónitos la situación, colgaron las pancartas, y gritaron consignas como "ANAM, delincuente", "Panamá libre de Minería" o "¿Dónde está la voz de los campesinos?", según señalan en el comunicado.

Algunos de los proyectos mineros que se ejecutan en el país, en su mayoría de oro y cobre, son el de Cerro Colorado, Cerro Petaquilla y Cerro Quema, y los principales damnificados por estas explotaciones son indígenas de las etnias ngobe y buglé.

Foto: Plataforma Panamá Vale Más, Sin Minería