Se trata de las hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio, cuya construcción y operación agravó severamente los efectos de las crecientes del río Madeira, en la Amazonía, en cuanto a las necesidades y derechos básicos de las poblaciones ribereñas, incluyendo generación de renta, vivienda, educación y alimentación.

Muchas de esas poblaciones se encuentran aisladas completamente por la creciente del río al anegarse la carretera principal que las comunicaba. La decisión judicial incluyó la orden de detener la generación hidroeléctrica de la represa de Santo Antonio, responsabilizó a las empresas constructoras y permisarias –Odebrecht Furnas, brasileña y GDF/Suez Electrosul, franco-belga- por “subdimensionar” el efecto de las obras y reclamó nuevos estudios de impacto ambiental de las mismas.

Tan sólo en Porto Velho, capital de Rondonia, cerca de 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en los barrios localizados en cotas más bajas, mientras que otros 2.390 habitantes de Río Branco, capital de Acre, han sido acogidos en refugios temporales habilitados por el gobierno regional.

Ambas presas forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira, superan en potencia instalada cada una de ellas los 3000 Megawats/hora y su presupuesto también supera los 5 mil millones de dólares cada una.

Su construcción se complementa con una línea de transmisión de más de 2.500 kilómetros de extensión para abastecer de energía el cinturón industrial del estado de San Pablo, en el centro este del país.

La central de Santo Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, ubicada 136 kilómetros río arriba, cerca de la frontera boliviana, está todavía en construcción y la fecha para el inicio de su operación fue fijada para 2016, de acuerdo al proyecto.

Además de Rondonia, los efectos de estas inundaciones han alcanzado los estados de Acre y Amazonia e incluso al vecino país Bolivia, indica la información que varios medios de comunicación locales han publicado en las últimas semanas.

Una larga lucha, una fecha clave

El Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) de Brasil, que es parte de la Vía Campesina de ese país, viene acompañando el proceso de construcción de estas represas gigantescas desde hace varios años.
Resulta sintomático que la decisión judicial haya tenido lugar a apenas tres días de conmemorarse el Día Internacional de los Afectados y Afectadas por Represas, que se conmemora en todo el mundo desde 1997, donde los efectos sociales, humanitarios y ambientales de estas represas se han intensificado en los últimos años.

Radio Mundo Real dialogó con Ocelio Muniz, referente del MAB en el estado de Rondonia, quien señaló que el conjunto de los afectados alcanza el medio millón de personas y recalcó que la generación de energía en el Madeira no cuenta con un interés local. Por el contrario muchas de esas comunidades no cuentan con energía eléctrica, en tanto que sus medios de vida, sea la producción campesina o la pesca artesanal, ha desaparecido con los proyectos hidroeléctricos.

“En la historia de los afectados por las represas en el Río Madeira no se habían visto crecientes como estas”, indica Ocelio en enlace telefónico desde Porto Velho, capital de Rondonia.

Asimismo, señaló que tanto Jiraú y Santo Antonio han ido modificando los proyectos de construcción sin realizar ni actualizar sus estudios de impacto ambiental. Esta última, por ejemplo, solicitó autorización para agregar otras seis turbinas a las 50 inicialmente planificadas, sin por ello medir las consecuencias ambientales.

El MAB reclama que las empresas sean quien indemnicen, reparen y realojen a las comunidades en otros lugares, para lo cual, dice el integrante del movimiento, cuenta con un apoyo decidido del Ministerio Público Federal de Brasil.

La decisión preliminar de la Justicia Federal brasileña, de acuerdo con una nota informativa publicada por el MAB en su sitio web, indica que los estudios deberán ser supervisados por varias instituciones, entre ellas el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (Ibama), la Agencia Nacional de Aguas y el Departamento Nacional de Infraestructura y Transportes (Dnit). En la decisión, las empresas cuentan con un plazo de 90 días para comprobar ante la Justicia el curso de estos estudios, so pena de suspensión de sus licencias de operación.

Ocelio valoró como un logro la decisión judicial, producto de la movilización de los afectados y afectadas, aunque con ella se inicia ahora un nuevo proceso para la concreción de la misma, en especial el registro de las familias a ser reparadas por las empresas.

La advertencia del MAB de que estas presas afectarían negativamente la vida de las comunidades y agravarían las inundaciones en la zona, fue comprobada por el sistema judiciario brasileño, dice Ocelio, quien destaca como ratificación de ello que la usina de Santo Antonio fue detenida en sus actividades completamente, porque de continuar operando agravaría la situación, de por sí crítica.

Imposición de su propuesta, manipulación y ocultamiento de información han sido elementos constantes en el proceso de instalación de las usinas, señala el miembro del MAB. Como ejemplo, indica que la usina de Santa Antonio preveía desplazar solamente unas 500 familias en su planificación originaria. Hoy el número de afectados supera las dos mil familias.

Quienes cultivaban en las riberas, hoy deben hacerlo con corrección de suelos mediante procesos químicos. Quienes vivían de la pesca, en tanto, han visto desaparecer los peces, relata el miembro del MAB en diálogo con Radio Mundo Real. Después de las represas, ya nada permanece igual.

Día Internacional de Lucha contra represas

El caso del Río Madeira es un ejemplo paradigmático de las movilizaciones contra la privatización de los ríos para generación de energía, que se conmemora este 14 de marzo en el denominado Día Internacional de Lucha contra represas, por los ríos, el agua y la vida, que en América Latina se articula en la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos (REDLAR).

En el pasado mes de octubre, esta Red realizó su quinto encuentro internacional en Guatemala, con presencia de grupos organizados de más de veinte países.

En su convocatoria para este 14 de marzo, desde la REDLAR se señala que las corporaciones internacionales están utilizando recursos públicos de forma cada vez más recurrente, colocando el estado a su servicio. Con esto, la nueva forma de privatización, vía asociación público-privada, está robando nuestros recursos naturales de base productiva abundante, indican en un pronunciamiento.

“Durante este año, tendrán lugar las elecciones presidenciales en diversos países, incluido Brasil. Frente a este escenario, esas mismas corporaciones acaban definiendo, muchas veces, los resultados políticos o promoviendo golpes en nuestros países, con el objetivo de debilitar nuestra fuerza propia a través de la criminalización de las protestas y las luchas históricas de resistencia”.

Asimismo, la resistencia a las represas como falsas soluciones al cambio climático se hará presente en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Perú, segundo país en potencial hidroeléctrico del continente, detrás de Brasil.

La entrevista de Radio Mundo Real con Ocelio Muniz, dirigente del MAB de Brasil, en idioma portugués, puede escucharse en audio adjunto.

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