9 de junio de 2010 | Noticias | Derechos humanos | Soberanía Alimentaria
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La indefensión es total, la impunidad campea en Oaxaca. Paramilitares y gobierno parecen decididos a doblegar la voluntad autonómica del municipio de San Juan Copala mediante un cerco inexpugnable que impide la llegada de medicinas, víveres y combustibles.
La caravana humanitaria prevista para el pasado martes 8, también fue impedida de llegar a destino con su carga de productos de primera necesidad por fuerzas paramilitares, las mismas que el 27 de abril atacaron con ráfagas de metralla a un convoy terminando con la vida de Betty Cariño y el activista finlandés Jyri Jaakkola.
Ni las autoridades del Gobierno Federal ni las del Estado garantizaron la vida y la seguridad de las 400 personas que integraron esta segunda caravana, que partió el 7 de junio de la Ciudad de México y fuera interceptada en las inmediaciones del paraje conocido como La Sabana, informó el periódico Contralínea.
“En esta ocasión, el riesgo inminente de un ataque armado frustró el paso a los observadores, que sólo llegaron hasta el poblado de Agua Fría, ubicado a unos 5 kilómetros de San Juan Copala. Ello, a pesar de que en el convoy también viajaban 20 diputados federales, de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo”, señala Contralínea, cuyos periodistas enviados fueran heridos en ocasión de la primera caravana.
En tanto, desde el municipio autónomo, Casimiro Martínez Aguilar, que integra la autoridad local, señaló: “El cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando, los gobiernos no pueden mantener más a los asesinos paramilitares en la impunidad, San Juan Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados”.
“Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la comida y los medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, la sociedad civil con apoyo de la comunidad internacional tendrá que buscar mecanismos para lograrlo y las instancias internacionales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total del Estado en todos sus niveles de gobierno”, agregó Casimiro Martínez.
El 8 de junio se cumplieron 192 días de asedio armado en contra de los indígenas triquis autónomos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido su responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho y el libre tránsito en la zona. Los paramilitares han actuado con total impunidad, pese a que portan armas de uso exclusivo del Ejército, relata el periódico digital.
Casimiro también declaró que la comunidad está siendo diezmada, con permanentes acciones de amedrentamiento. “Los disparos se escuchan diario y durante todo el día en San Juan Copala. Son disparos que mantienen asolada la población, que han logrado que familias completas abandonen nuestra comunidad y que se hayan negado a entrar doctores, maestros, y vendedores de productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de las armas y la violencia”.
Se aguarda que los integrantes de la caravana brinden sus testimonios de regreso a la Ciudad de México sobre lo ocurrido en la jornada del martes 8.
FOTO: witnessforpeace.typepad.com
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