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2 de febrero de 2011 | Entrevistas | Anti-neoliberalismo | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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La detención sin orden legal de referentes en las luchas de las comunidades ecuatorianas contra la privatización del agua y la minería a cielo abierto, reaviva la denuncia del movimiento indígena acerca del uso político del aparato jurídico.
El martes 1° de febrero, en un operativo llevado adelante entre Policía y Ejército resultaron detenidos varios dirigentes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, entre ellos Pepe Acacho, referente en las movilizaciones contra la minería y los megaproyectos.
No fue un hecho aislado. De inmediato, distintas organizaciones indígenas ecuatorianas, así como grupos ambientalistas y de derechos humanos, denunciaron internacionalmente el arresto y lo enmarcaron en lo que definen como “un proceso de criminalización que se sigue en contra de varios dirigentes indígenas”.
La defensa de los detenidos señala que el procedimiento fue ilegal dado que no se exhibió una orden de allanamiento como reclama la Constitución, que por otra parte sí reconoce el derecho a la resistencia como la que el pueblo shuar y otras nacionalidades indígenas de Ecuador vienen ejerciendo contra megaproyectos de explotación petrolera y minería a cielo abierto.
Así lo comentó en diálogo con Radio Mundo Real Julio César Sarango, abogado defensor de Acacho y sus compañeros, a pocas horas de concretarse la detención.
Además de Acacho fueron apresados Pedro Mashiant y Fidel Kaniras. La detención sin orden judicial de este grupo de dirigentes tensó aún más las relaciones entre buena parte del movimiento indígena con la administración de Rafael Correa, que en paralelo plantea una consulta popular que enmiende en temas como la seguridad la Constitución aprobada hace poco más de dos años.
Para el jurista, los dirigentes no pueden ser penalizados ya que el Estado está haciendo un “uso político” de las causas penales. “Están defendiendo la defensa legítima de su territorio, de sus recursos naturales. Los jueces están totalmente parcializados y eso atenta contra la seguridad jurídica de todos los ciudadanos ecuatorianos”, dijo Sarango en conexión telefónica.
Asimismo dijo que en el proceso les fue revocada la licencia de su radio La Voz de Arutam.
Los dirigentes han sido investigados a partir de las movilizaciones en defensa del agua y contra la minería del año 2009 que culminaron con una fuerte represión, un saldo de cuarenta heridos entre policías y manifestantes, y la muerte del profesor Bosco Wisuma, también de la comunidad shuar.
La Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que cerró filas al condenar el apresamiento de los referentes shuar, recordó que en la actualidad más de 189 dirigentes y activistas sociales indígenas-campesinos están sufriendo “persecución política, acusados de terrorismo y sabotaje”.
Foto: www.eluniverso.com
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