Sin ir más lejos, el primero de febrero siete personas armadas invadieron un campamento en el municipio paraense de Breu Branco, y asesinaron con un tiro en la cabeza al dirigente sin tierra Manoel Francisco Silva Souza.

De acuerdo a la denuncia de la CPT, los invasores quemaron al menos diez casas y obligaron a las familias a dejar el lugar. También prendieron fuego los pocos documentos personales de los asentados.

"Las familias están actualmente en la ciudad de Breu Branco sin lugar donde quedarse, algunas solamente con la ropa que tienen puesta, que fue lo que se salvó del fuego", señala el comunicado de la CPT.

En el medio del conflicto entre terratenientes y campesinos se encuentra el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que se ha mantenido "ausente", según denunció la CPT. Las 58 familias asentadas en el campamento Breu Branco habían advertido que en las últimas semanas habían recibido amenazas de muerte por parte de personas contratadas por los productores.

"Esperamos que los culpables paguen los crímenes cometidos (…), y que el INCRA cumpla con su papel", afirma la pastoral en su documento público. En caso que no lo haga, sería posible pensar que la entidad pública está incitando a esta situación de violencia, o al menos se ha transformado en "cómplice de estas prácticas", aseguran desde la CPT.