Especulaciones financieras, inversiones vinculadas al narcotráfico, matones contratados por terratenientes, jueces comprados por las mafias y desalojos forzados de campesinos forman parte de esta compleja madeja, que tiene como telón de fondo una zona de humedales en la cuenca baja del río Sinú.

Pocos días atrás, cientos de campesinos de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig) se manifestaron en forma pacífica para denunciar la situación que viven unas 75 familias de la zona, que sufren hostigamientos permanentes por parte de hacendados locales para que abandonen sus tierras.

Todo eso con la complicidad del Estado colombiano, que permanece omiso a pesar que había entregado estas tierras fiscales en calidad de comodato. La Asprocig considera que es absurdo que ahora la Justicia establezca que las tierras en disputa sean de propiedad privada, cuando un tribunal constitucional las había considerado como bienes de uso público.

Para conocer un poco mejor la situación, Radio Mundo Real conversó con Juan José Lopez Negrete, coordinador de proyectos de la Asprocig, que nos comenta la situación que se vive con la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto Urrá, a pesar de que las comunidades campesinas e indígenas, en su mayoría dedicadas a la pesca artesanal, todavía no se han recuperado de los impactos que provocó la construcción de la represa Urrá I.