Tal es el caso de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, donde desde hace dos años los habitantes mantienen una fuerte resistencia a la minera “La Alumbrera” y que, según han denunciado medios alternativos argentinos, desde el pasado sábado se mantiene un cerco por parte de una “patota pro-minera”.

Durante la noche del sábado 11, vecinos y asambleístas de Andalgalá se movilizaron a la plaza central como cada sábado para manifestarse en "contra de la megaminería y en defensa de nuestros bienes comunes". Pero este sábado la movilización tuvo lugar en un contexto de encierro: “la patota pro-minera cortó la ruta en la entrada al pueblo sitiando el lugar e impidiendo la salida y entrada de buses de cualquier punto del país. La policía no está en el corte ni impide el accionar de la empresa”, reportaron desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

Asimismo, la emisora comunitaria de la Asamblea El Algarrobo que sirve de órgano de comunicación de quienes enfrentan a la minería fue interferida, se informó.

Camionetas de empresas contratistas patrullan controlando el territorio y siguen todos los movimientos de los periodistas. “La invisibilización de los hechos por parte de la empresa y el Estado provincial y nacional no impide que todo el pueblo se ponga de pie y continúe actuando en defensa de la vida y los bienes comunes”, dicen desde Andalgalá.

Radio Mundo Real comparte el testimonio del integrante de “El Algarrobo” Juan José Rodríguez en diálogo con la RNMA: “la fuerza pública está trabajando con los empresarios de la minera, la justicia y los gobiernos provincial y nacional están avalando esas actitudes. Si Bajo la Alumbrera continúa, el pueblo de Andalgalá desaparece”, advirtió.

Cuestión de divisas

La resistencia a la minería ha motivado en Argentina el respaldo de amplios sectores, incluso los muy urbanos centralizados en la Capital federal de Buenos Aires.

El domingo 12 intelectuales y representantes de la cultura reunidos en la agrupación Plataforma 2012 repudiaron la “oleada represiva que viene desarrollándose” en Catamarca y Tucumán “contra las poblaciones que se oponen a la megaminería”.

Hicieron hincapié en la situación de las poblaciones catamarqueñas de Belén, Santa María y Tinogasta, y la tucumana de Amaicha del Valle, donde en los últimos días la Policía ejerció una represión a los opositores a la minería.

También el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Cloc-Vía Campesina) enmarcó la escalada de conflictos ambientales en lo que debería ser una discusión sobre “modelos de desarrollo”: “si de divisas se trata, ¿de cuánta renta producto de nuestra tierra se apropia la Mesa de Enlace (corporación de los terratenientes y empresarios del agro, especialmente sojeros) y las transnacionales con el actual modelo agropecuario? ¿Por qué no establecer políticas concretas para que el Estado sea quien se apropie de esa renta?”, interroga el MNCI.

“Dejar en manos de la ’Justicia’ la resolución de estos conflictos, es avalar la represión, porque la mayoría de los jueces son socios y cómplices de los monopolios”, sostienen desde la organización campesina, convocando asimismo al diálogo y al debate “serio y racional en torno a la minería, de manera participativa y plural con foros, y talleres masivos, así como plebiscitos y consultas populares en barrios, pueblos y comunidades sobre el destino que queremos darle a nuestros recursos naturales”.