Los vecinos autoconvocados, representantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigar, varios profesionales, entre otros que se juntaron ayer frente a los Tribunales en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, querían cárcel para los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el fumigador Edgardo Jorge Pancello.

Pero la Cámara del Crimen de Córdoba impuso tres años de prisión condicional a Parra y Pancello, y absolvió a Gabrielli. El fallo indica también que Parra tiene que hacer trabajos comunitarios durante cuatro años y tiene prohibido usar productos agroquímicos por ocho años. Asimismo, Pancello también deberá realizar servicios comunitarios y quedó inhabilitado para aplicar productos agroquímicos durante diez años.

La activista María Godoy, de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, calificó como “terrible” el alcance de la condena y dijo que sentía “mucha impotencia”. “Nosotros queremos la cárcel para estos señores porque nos envenenan y nos matan, porque nos están tirando todos los días venenos”, explicó.

Radio Mundo Real accedió a varios audios recabados luego de la lectura del veredicto en el portal web de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Godoy destacó, a pesar de su molestia por la “prisión condicional” impuesta a Parra y Pancello, que la sentencia “es un paso muy importante” porque hay muchas comunidades organizadas afectadas por los agrotóxicos en el país, que ahora “pueden salir a pelear más confiadas”. “Vamos a estar junto a ellas y movilizándonos, porque con lo único que se consigue algo es con movilización”, acotó la activista.

El juicio había empezado el 11 de junio. Uno de los querellantes de la causa fue el médico Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de Córdoba. Según información del diario argentino Página 12, Ávila denunció en 2008 a los productores por considerar que fumigaban al lado de Ituzaingó Anexo, a pesar de que la ley de agroquímicos prohíbe la aplicación aérea en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana.

El fiscal Marcelo Novillo Corbalán había pedido la pena de cuatro años de prisión efectiva para Parra, por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por fumigaciones realizadas de octubre de 2003 a febrero de 2004, e instigador del mismo delito por otra fumigación en 2008. Novillo requirió también tres años de prisión efectiva para Pancello, por considerarlo presunto autor de la contaminación ambiental constatada en 2008, cuando fumigaba un campo de Parra. La Fiscalía pidió la absolución de Gabrielli por falta de pruebas.

Ávila, referente además de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, subrayó luego de la lectura del veredicto que la justicia de Córdoba declaró que “es un delito” fumigar sobre las poblaciones, “que no se puede seguir envenenando a la gente para que algunos se hagan ricos”.

“Es cierto que no ha habido una condena ejemplar para estos hijos de puta que sabían que estaba el barrio en emergencia sanitaria y seguían aplicando venenos allí”, reconoció. Pero reiteró que ahora se sabe en todo el país “que no se puede seguir fumigando sobre las poblaciones y que la Justicia, los fiscales y la Policía tienen que venir con los vecinos a detener a los fumigadores y llevarlos presos a partir del día de hoy”. Ávila agregó que “ahora tenemos que ir por Monsanto”, ya que “no estamos dispuestos a aceptar que se instale esta planta de la empresa más siniestra, mentirosa y corrupta que hay en el mundo”. Esa compañía estadounidense, que creó la soja transgénica RR plantada en Argentina y el glifosato al que ella resiste, tiene proyectado montar una planta en la localidad de Malvinas Argentinas, situada a pocos kilómetros de Ituzaingó Anexo.

Para Laura Gallo, integrante del colectivo Paren de Fumigar, el día de ayer fue “emblemático”. “Hoy por fin, después de mucho padecimiento, se dice que esa actividad con la que convivimos (las fumigaciones), y que se naturalizó y que nos viene enfermando, es un delito. Yo invito a todos a que dimensionen lo que significa eso”, consideró. Para la activista el fallo del martes “es una apertura a la lucha” para apoyar a cada pueblo fumigado del país, “para recuperar la dignidad de pueblo sano”.

A comienzos de este mes el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, las organizaciones Grain y Amigos de la Tierra Argentina lanzaron en Ituzaingó Anexo la “Campaña Nacional contra los agrotóxicos y por la vida”.

“No nos vayamos de acá con un sentimiento derrotista porque hoy ganamos. Ganamos cuando logramos que se condenara y que esos tipos estuvieran sentados dos meses en el banquillo de los acusados”, reivindicó Gallo.

El abogado denunciante a pedido de Medardo Ávila en 2008, Darío Ávila, dijo antes del fallo que la idea era “poner en discusión un modelo de producción que es perjudicial para la salud”. Citado por Página 12, el abogado contó que los últimos relevamientos sanitarios realizados a la población de Ituzaingó Anexo constataron que el 33 por ciento muere de cáncer, siendo la principal causa de muerte en la zona. A nivel nacional, el cáncer es la tercera causa de fallecimientos y abarca a un 18 por ciento de la población, señaló.

Foto: http://www.juicioalafumigacion.com.ar