Repsol ha causado importantes y persistentes impactos sobre el medio ambiente, la vida y la cultura de los habitantes de las zonas en las que la empresa opera, especialmente de las comunidades indígenas, agregan las dos entidades en una denuncia presentada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionará el 14 y 15 de mayo en Madrid, España.

En ese tribunal de carácter no vinculante e impulsado por movimientos y organizaciones sociales de la Red Birregional Enlazando Alternativas Europa – América Latina y el Caribe, serán juzgadas numerosas empresas europeas por su operativa criminal en esas regiones del Sur.

La FISYP y la Confederación Mapuche de Neuquén subrayan que Repsol, sin realizar inversiones de riesgo, ha extraído cuanto pudo de los yacimientos petroleros argentinos para obtener grandes ganancias. “El uso irracional de los recursos significó la pérdida de gran parte de la riqueza natural argentina. Las reservas hicrocarburíferas (que pertenecen a todos los argentinos y de las cuales Repsol es apenas un concesionario) han caído a niveles insostenibles, víctimas del abandono y la especulación”, explican en el documento enviado al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Las entidades agregan que Repsol ha sido “continuamente apañada en su funcionamiento delictivo” por el Estado argentino y los gobiernos provinciales que ceden ante la presión de la empresa, organismos multilaterales de crédito (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por ejemplo) y el propio Estado español.

La FISYP y la agrupación mapuche subrayan el atropello a los derechos de las comunidades que viven desde hace siglos en las tierras explotadas por la corporación española. En ese sentido, destacan a la comunidad mapuche Lonko Purán de Neuquén. Sus derechos protegidos por la Constitución Nacional, la provincial y los acuerdos de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, son no obstante violados sistemáticamente por Repsol en el yacimiento de Cerro Bandera.

Las legislaciones provincial, nacional e internacional defienden la “preexistencia étnica y cultural” de los pueblos indígenas, el derecho al reconocimiento estatal de sus comunidades, a la propiedad y posesión de “las tierras que tradicionalmente ocupan” y a la “participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Las normativas deberían entonces ser respetadas. “La cultura y valores ancestrales mapuches, así como su propia forma de vida y de relacionarse con la naturaleza, son atropellados por el funcionamiento de Repsol, que pone en riesgo no sólo ese modo de vida, sino la propia supervivencia de la comunidad mediante la contaminación, la destrucción y el abandono”, expresa la denuncia contra la compañía.

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