Los peritajes se dividieron en tres bloques: un primer bloque sobre la Naturaleza, la biodiversidad del Chocó, donde estudiosos de la PUCE de Esmeraldas denunciaron que se ha perdido el 80% de su cobertura en Ecuador, así como representantes de la UASB indicaron que 2012 fue un año horrible para los bosques de Esmeraldas, deforestándose 16.000 hectáreas. Entre las principales causas, 7000 piscinas abandonadas de minería, así como un crecimiento exponencial de los monocultivos de palma africana. Continuó el bloque sobre los Pueblos, donde distintas comunidades afroesmeraldeñas, épera y chachis afectadas por estas actividades, así como el madereo ilegal o las piscinas camaroneras, denunciaron las afectaciones, el incumplimiento de promesas o el empobrecimiento que han sufrido fruto de la destrucción de los ecosistemas. Diversas intervenciones explicitaron cómo estas afectaciones se centran en las mujeres y en la infancia. Por último, en el bloque de Defensores, hubo un emotivo reconocimiento a la lucha de la parroquia 5 de Junio de Esmeraldas, donde la palmicultora está tratando de desalojar de sus tierras a una comunidad con más de 300 años de existencia mediante la violencia y la imposición de juicios arbitrarios.

La Comisión de la Audiencia se declaró en Sesión Permanente para el cumplimiento de los derechos de las poblaciones del Chocó, compuesta por el recién nombrado presidente de la Conferencia Episcopal el Obispo de Esmeraldas Monseñor Eugenio Arellano, la hermana Elsie Monge de la CEDHU, la presidenta en Esmeraldas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana María Luisa de la Torre, el músico y cantante de la cultura afroesmeraldeña Papá Roncón, la coordinadora de la Pastoral Social Isabel Padilla, el periodista Ángel Gracia, la defensora de derechos Rocío Peralbo y la responsable de la campaña de bosques de Acción Ecológica Nathalia Bonilla.

Entre las 11 resoluciones emanadas de la Comisión de esta Audiencia, se encuentran la exigencia del cumplimiento de las Medidas Cautelares emitidas para detener el daño de la minería, la necesidad de formular una política nacional para la protección del Chocó, sus ríos y sus pueblos, el cese de las persecuciones a las organizaciones y personas que lo están defendiendo, la derogación de contratos que están despojando los territorios afroecuatorianos como el de Peña Durini o Energy Palm, o la necesidad de proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades contaminadas.

La primera misión de verificación se realizará el día de mañana en la comunidad de la 5 de junio, donde se podrán develar los daños producidos por las empresas palmicultoras a las comunidades y la naturaleza, y se realizará una acción de restauración de los cultivos dañados a la comunidad por parte de Energy Palm.