El tribunal fue organizado por la Campaña para Desmantelar el Poder de las Trasnacionales en el Sur de África y permitió a ocho países de la región presentar los impactos generados por la presión de las trasnacionales.

En las sesiones se presentaron siete casos que denunciaron “la forma inhumana por la cual la acumulación de capital por parte de las corporaciones trasnacionales ha destruido los medios de subsistencia de las personas, el ambiente y la soberanía de los países de la región”. El comunicado de prensa redactado por los participantes agrega que “en la mayoría de esos casos el abuso corporativo incluye la criminalización infame de las resistencias y protestas, como ocurrió en el caso de los campesinos y activistas mozambiqueño que luchan contra el ProSavana, y con el encarcelamiento de ocho activistas tanzanianos que luchan contra la extracción de uranio en el distrito de Namtumbo, por el Proyecto del Rio Mkuju”.

El programa ProSavana, por ejemplo, ha sido objeto de estudio por organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional (ATI), por ser uno de los mayores proyectos de inversión multilateral en África. Se trata de un proyecto impulsado por los gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón, para entregar al agronegocio 35 millones de hectáreas que hoy están en manos de comunidades de pequeños agricultores mozambiqueños. Según una reseña publicada en el sitio foodtank.com, esos millones de hectáreas fértiles de la sabana del norte de Mozambique serán transformadas en un mega proyecto de plantación de soja, cuyos granos se exportarán a Japón para alimentar cerdos.

Que se sepa
El jurado de este TPP fue integrado por Mireille Fanon-Mendes, presidente de la Fundación Frantz Fanon, Nnimmo Bassey, ex presidente de ATI e integrante de ERA -AT Nigeria, y Stefano Liberti, reconocido periodista y documentalista italiano.

De acuerdo al comunicado, Bassey expresó que el tribunal ofrece “un excelente espacio para que las víctimas de las corporaciones trasnacionales y los defensores de las comunidades presenten sus casos, expongan la impunidad y establezcan vínculos y estrategias en conjunto con otros activistas y comunidades de otros países de la región. Esto permitirá construir una plataforma más sólida para luchar y derribar los abusos perpetrados por esas corporaciones”, confíó el ex presidente de ATI.

En el mismo sentido se manifestó Anabela Lemos, integrarte del programa Justicia Climática de Amigos de la Tierra Mozambique, que afirmó que “exponer los crímenes corporativos y dar visibilidad a los casos y a las resistencias es parte del proceso de transformación del sistema que permite que las corporaciones usurpen y controlen los recursos y opriman a los pueblos en total impunidad”.

Una participante de Tanzania, Flaviana Charles, contó: “Denunciamos estos abusos. Ningún proyecto debe ser desarrollado a costa de los medios de subsistencia y de la vida de las personas. Este tribunal es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y observar el comportamiento cruel de las corporaciones”.