Participaron del encuentro representantes de organizaciones que están siendo o serán afectadas por mega proyectos, como el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) y las Juntas de Agua de las comunidades y aldeas de Arenales, Trinidad, Teupa, Río Negro, Arenalitos, Las Torres, Nueva Unión, Laureles, Planitos, El Mango, Simpinula, El Ocotal, El Aguacatal, Sasagua y San Francisco, 15 en total.

Conflicto de interés

En Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros. En el departamento de La Paz hay dos proyectos hidroeléctricos en proceso de construcción; ambos son rechazados por las comunidades y están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. Uno de ellos es el proyecto Aurora I, ubicado en el municipio de San José; el otro es Los Encinos, que se instalará en el municipio de Santa Elena.

Las empresas hidroeléctricas Hidrosierra e Inversiones Encinos S. A. de C. V. que licitan esos dos proyectos están ligadas directamente con familias que mantienen poder en la zona y miembros del partido de gobierno, denuncian las comunidades. Afirman que ese es el caso de Arnol Castro esposo de Gladis Aurora López, diputada y ex presidenta del Partido Nacional -al que pertenece el presidente de la República, Juan Orlando Hernández-. En una entrevista publicada por el diario hondureño La Tribuna, López reconoció que es dueña del proyecto Aurora I, aunque negó las acusaciones hechas por la organización Global Witness que en un informe presentado en febrero de 2017 reveló que “figuras económicas y políticas están usando medios corruptos y delictivos. Para sacar provecho de las riquezas naturales del país”, y que López pertenece a ese grupo.

Daños y promesas

En la reunión del 11 las y los pobladores de La Paz compartieron las consecuencias que ya se manifiestan a raíz de la construcción de Aurora I en el municipio San José. Expresaron que se hizo sin consultar a la comunidad, y que “se han invisiblizado” los pedidos de ayuda que le formularon al Estado los habitantes afectados por la hidroeléctrica ubicada sobre los ríos Aguacatal, La Arenera, El Jícaro y, colindando con Puringla, el río Sasagua. Agregaron, además, que han visto el secamiento de ríos y estragos en la salud de las personas, así como asesinatos de los pobladores campesinos e indígenas. El reporte anual de Global Witness, publicado el 13 de julio, señala justamente a Honduras como “el país más peligroso per cápita” de la última década, y explicita que las represas hidroeléctricas y los agronegocios son las industrias más vinculadas a los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en Honduras.

Estas personas relataron en carne propia lo que es vivir cerca de este tipo de proyectos como María Lorenzo Aguilar habitante de la comunidad de El Aguacatal, que declaró: “Me afectó… porque yo vivo debajo de esa máquina [refiriéndose a la turbina de la hidroeléctrica] cuando yo quise luchar por sacar el agua y fui a entrevistar a don Arnol, ¿qué me dijo don Arnol? Se engavetó las solicitudes que yo le di… ‘Sí, abuela, le vamos a poner el agua, usted no se preocupe’. Así quedó y nunca me puso el agua. ¿Y él cómo está? Está bebiendo buena agua y nosotros agua sucia, estamos bebiendo y nos estamos bañando con agua lodosa. Le entregamos como tres solicitudes y las engavetó”. Lorenzo acusó a Arnol de no cumplir con lo que dijo y agregó que cuando estaban haciendo las mediciones previas a la construcción llegaron unos hombres a su casa y les dijeron que por allí pasarían las líneas de la represa y que ella iba a vivir “en una buena casa por otro lado, para Granadilla”. “Yo no soy de Granadilla yo me muero aquí”, les respondió, dejándoles claro que por allí no pasarían. “¿Y su esposo qué opina?”, le preguntaron los hombres, y ella le respondió: “No, ¡yo opino sola porque soy mujer! Mire que cuando se hace lodo no hallamos de dónde agarrar un poquito de agua limpia”.

Gladis García, habitante de San Francisco, contó: “La diferencia que he sentido en la comunidad es el impacto del agua, que no hay agua, imagínese”, e informó que los niños menores de cinco años están padeciendo diarrea y fiebre. Añadió que le preocupa, además, el resto de la gente “que no tiene agua y está consumiendo el agua del río, esa agua está contaminada, todas las heces, animales muertos y basura, todo lo que es contaminación cae al río y a veces la gente tiene que beber de esa agua, lavar y bañarse con esa agua, ahorita a los niños que están padeciendo de enfermedades crónicas”. Gladis agregó que San Francisco es una zona seca y que no hay pozos de agua limpia, y que el agua que usan la reciben de otras comunidades, de montañas altas, al igual que en el Aguacatal . “Ya no tenemos agua limpia, las aguas ya lo compró esta señora Gladis Aurora”, lamentó.
La contaminación es más visible porque hay menor disponibilidad de agua, porque el río “está, pero bien sequito”, planteó Gladis García. La mujer reprobó, además, las promesas incumplidas, hechas hace dos años, cuando empezó el proyecto: “A todos lo que vivimos en esa aldea nos ofrecieron luz, que iban a poner proyectos de agua, que iban a hacer casas y todo, y nada de lo que ofrecieron no dieron, nada”, reclamó.

Resistencia

El movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras ha acompañado a los pueblos afectados por los proyectos hidroeléctricos y ha logrado verificar los diferentes impactos que tienen en la vida de las mujeres y de las poblaciones. El movimiento asegura que en las comunidades cada vez es más frecuente encontrarse con las luchas de los pueblos contra diversos modelos que buscan establecer procesos de financiarización de los territorios, sobre todo del agua y los bosques para favorecer capitales privados, en contraposición con la mirada de las comunidades que ven a estos como bienes comunes y de uso comunitario.

“Las poblaciones avanzan en la organización de sus resistencias para enfrentar un modelo que no solamente ha provocado la privatización de los bosques y las aguas sino que han provocado un modelo generalizado de muerte y pobreza”, aseguran los integrantes de Madre Tierra. Agregan que las comunidades resisten “a pesar de las diferentes estrategias que están siendo utilizadas por los grupos de poder que enfrentan a las comunidades con sus propios vecinos”. Describen que esas estrategias se apoyan en el constante desprestigio, en la minimización de sus luchas, y en la criminalización de los defensores de los bienes comunes y de la madre tierra. De esa forma, le abren paso a la instalación de proyectos que no han sido consultados a los pueblos, reflexionan.

* Nota elaborada a partir de los insumos de Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras