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20 de julio | | | | |

Demostrar su existencia

Pueblo xinka marchó por la capital de Guatemala para probar su existencia y demandar que se mantenga suspensión a minera San Rafael

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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorgó, el 5 de julio, un amparo provisional el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) y dejó en suspenso las licencias otorgadas a dos proyectos de la minera San Rafael. El amparo reconoce que el gobierno no consultó a las comunidades de la zona de influencia de la minera, entre ellas, el pueblo xinka. Cuestionados históricamente, los xinkas ratifican su existencia y marcharon, el miércoles 19, por las calles de la ciudad de Guatemala.

“Fue la primera gran marcha nacional del pueblo xinka organizada por Papxigua, el Parlamento del pueblo xinka de Guatemala, con el apoyo de Codidena [Consejo Diocesano]. Fue una marcha masiva. Primero, tuvo una gran concentración frente a la Corte Suprema de Justicia, luego marcharon por toda la Novena Avenida hasta el Congreso de la República, y después hicieron un gran plantón frente a la Corte de Constitucionalidad, donde hicieron sentir su existencia y le plantearon a la Corte que cualquier amparo, cualquier acción legal que resuelva, la resuelva estrictamente apegada a derecho, que no se deje presionar por los grupos de poder económico como la empresa minera, las cámaras gremiales del país y, por supuesto, la oligarquía y las élites económicas del país”, relató a Radio Mundo Real Yuri Melini, director de CALAS, organización que integra el Codidena y que presentó la acción de amparo.

Para elaborar este informe, Radio Mundo Real charló con Melini y con Moisés Divas, integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Xinka.

La minera San Rafael SA es subsidiaria de la minera Tahoe Resources. El 5 de julio la Corte Suprema de Justicia comunicó la suspensión de dos licencias de San Rafael, son el proyecto Escobal, ubicado en el municipio San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, y Juan Bosco, ubicado en los municipios de Mataquescuintla (departamento de Jalapa) y en Nuevo Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores (departamento Santa Rosa). De los dos proyectos, el único que está funcionando es Escobal, que extrae plata; su licencia había sido aprobada en 2013, y la de Juan Bosco en 2012.

Años de disputas
Moisés Divas historió la lucha de las comunidades contra el proyecto Escobal. Contó que la población se enteró de su existencia a fines de 2009, cuando ya estaba avanzado. La fase de exploración se inició “sin que nadie conociera el proyecto y sin embargo en los estudios de impacto ambiental ellos ya alegaban haber consultado a las comunidades, cosa que nunca fue cierta. Cuando la comunidad se entera, plantea más de 240 oposiciones y, si se hubiera cumplido con la ley, el Ministerio de Energía y Minas debió de haber iniciado un proceso para evacuar esas oposiciones y de-terminar si las declaraba con lugar o sin lugar”, expresó Divas.

El dirigente xinka enumeró acciones de amparo interpuestas anteriormente ante la Corte Suprema de Justicia por no haberse consultado a las comunidades locales; informó que por más que la corte falló a favor de los indígenas, no se suspendieron los proyectos, como sí ocurrió ahora. Tampoco avanzaron las soluciones buscadas en mesas de diálogos con el gobierno, en el ámbito legislativo y en mecanismos propuestos por la iglesia católica. En tanto, dijo Divas, continuaron las acciones legales por contaminación, atentados contra integrantes de las comunidades indígenas, así como el pedido de respuestas por enjambres sísmicos que se produjeron en la zona.

CALAS hace ocho años que está trabajando en la zona de influencia de los proyectos Escobal y Juan Bosco. Melini explicó que la organización “ha acompañado a las municipalidades de la zona por medio de acciones para consolidar las consultas municipales de vecinos porque en siete municipios más del 99,4% de la gente se pronunció que no quería proyectos de minería química metalúrgica en su zona de vida”. Puntualizó que en 2011 se hicieron consultas en los municipios Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casías, Mataquescuintla, San Carlos Alzatate, Santa María Xialapán Jalapa y que “únicamente fue en el municipio San Rafael Las Flores, donde se asienta el proyecto minero el Escobal, en donde sistemáticamente la empresa no permitió que la consulta se diera”. Desde entonces, CALAS ha llevado “un largo catálogo de acciones legales, procesos pena-les, procesos civiles, procesos administrativos” en reclamo de la negación del pueblo xinka por parte de autoridades de la Dirección de Minería, que es lo sobre lo que se pronunció favorable-mente la Corte Suprema de Justicia. “Es un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia a favor de CALAS como interesado de esos derechos colectivos”, comentó Melini, que recordó que “es un derecho innegable participar activamente en el desarrollo local”. Agregó que “los resulta-dos de la consulta municipal son vinculantes en el ámbito de la jurisdicción administrativa municipal y son indicativos en el ámbito de la competencia administrativa, en este caso del Ministerio de Energía y Minas”.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue apelado por la empresa y por el gobierno. Será dirimido por la Corte de Constitucionalidad; según Melini, el fallo definitivo puede insumir tres meses y hasta dos años, aunque probablemente la presión política que se desató pueda acelerar el proceso, evaluó. “Aspiramos que la Corte de Constitucionalidad mantenga el fallo”, afirmó Melini. “Lo lógico sería suspender el proyecto, cancelar la licencia y buscar una medida de remediación al daño causado. La empresa dice que todos sus permisos fueron obtenidos en ley, nosotros mantenemos que fueron obtenidos en fraude de ley porque se violentó el derecho de consulta y el acceso a información pública del pueblo xinka y es que deviene de que fue el propio gobierno de Guatemala el que negó la existencia del pueblo xinka al decir que no existe el pueblo en la región donde opera la mina”, agregó.

Al tiempo que el fallo provocó mucha esperanza en las comunidades locales e indígenas, Melini expresó que “se ha acrecentado la ruptura del tejido social” y la fragmentación de las localidades, puesto que los 1.500 trabajadores que tenía la empresa quedaron sin empleo. Calculó que incluyendo a familias y agentes afines, entre 5.000 y 6.000 personas están a favor de la minera, en una comunidad de 12.000 personas. La presión empresarial es muy fuerte. Melini y Divas relataron las fuertes campañas mediáticas de la empresa, de las cámaras gremiales y del gobierno, que amenazan que, de mantenerse la decisión, se pone en riesgo la llegada de nuevas inversiones extranjeras. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, el valor de las acciones de la empresa cayeron 1.100 millones de dólares, más del 30%, en un día, dijo Melini.

Vive y lucha
“El pueblo xinka en Guatemala es un pueblo invisibilizado”, lamentó Divas, que informó que recién a partir de los acuerdos de paz, firmados en 1996, el Estado reconoció al pueblo indígena. Historió que a partir de la invasión europea en América, el pueblo xinka fue sometido a la esclavitud y al trabajo forzado, y que las autoridades españolas les prohibieron hablar su lengua y vestir su indumentaria. Divas evalúa que pese a la resistencia a ser colonizados, el hecho de haber tenido que adaptarse “al sistema impuesto” por los gobernantes “pudo haber sido una estrategia que ahora nos está pasando factura”. La empresa niega la existencia del pueblo xinka, lamentó Divas. “Negar la existencia del pueblo xinka es como aplicar una discriminación, un racismo en el país cuan-do en el año 2013 ellos mismos dijeron que era el propio parlamento xinka el que estaba oponiéndose al proyecto minero en la zona”, reclamó.

Imagen: Cortesía.

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