No obstante, se espera una sentencia final sobre Aduviri el 18 de julio, que todavía podría ser apelada.

El dirigente, en 2011 presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, deberá pagar además, según el fallo del 6 de julio, dos millones de soles (unos 614 000 dólares) de reparación civil. El Ministerio Público había solicitado 28 años de cárcel en su contra.

A fines de junio la Fiscalía había retirado la acusación contra ocho de los 18 procesados por el caso “Aymarazo” en total, denunciados por extorsión agravada, disturbios y entorpecimiento del orden público, porque no encontró pruebas para inculparlos.

El “Aymarazo”

En 2007 el entonces presidente peruano Alan García emitió un decreto en el que declaró de necesidad pública el proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito (departamento de Puno), cerca de la frontera con Bolivia.

En 2008 la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, que ya estaba en la zona desde hacía años, se hizo del emprendimiento, con el que se pretendía explotar a cielo abierto más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años, a partir de 2012.

Para los pobladores de la zona sur de la región de Puno, mayoritariamente aymaras, la operativa minera perjudicaría sus actividades agropecuarias y contaminaría sus fuentes de agua, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia. Argumentaban también que se había vulnerado la normativa vigente que prohibía actividades mineras u otras similares a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera.

Por esas razones los habitantes locales se oponían a la minería en la zona e iniciaron movilizaciones en reclamo de la derogación del decreto de 2007 que declaró la necesidad pública de Santa Ana y de la anulación de todas las concesiones mineras para el departamento de Puno. También exigieron que se respetara el derecho a la consulta previa, libre e informada, contemplado en las leyes peruanas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú.

Los puntos más fuertes de las movilizaciones se dieron de marzo a junio de 2011, con bloqueos de caminos y protestas masivas en el campo y la ciudad de Puno, con manifestantes detenidos, heridos y asesinados. El 26 de mayo, cuando los aymaras hacía días que realizaban plantones fuera de instituciones públicas, los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas fueron siniestrados. Los manifestantes siempre negaron su participación en esos desmanes.

El juicio internacional contra Perú y la criminalización de la protesta social

El 24 de junio de 2011 el gobierno peruano derogó el decreto de 2007 que dio luz verde a Santa Ana y el proyecto se suspendió. En agosto de 2014 Bear Creek inició una demanda contra el estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial), amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. La empresa exige el pago de 1 200 millones de dólares por la suspensión de su emprendimiento.

Pese a esta demanda, Bear Creek continúa en la región impulsando otros proyectos, como el minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno.

El 26 de junio Radio Mundo Real presentó un infome del Centro para la Democracia (Leny Olivera Rojas, Sian Cowman y Aldo Orellana López) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA PUNO), que incluyó una entrevista al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de DHUMA, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto del “Aymarazo”. DHUMA forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red MUQUI en Perú. Ese informe se puede escuchar aquí: http://www.radiomundoreal.fm/9846-a-6-anos-de-el-aymarazo-en-peru

En ese trabajo, el Centro para la Democracia y DHUMA PUNO alertaron que las organizaciones sociales y sus dirigentes en Perú son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena. “La agresiva política pro-minera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos”, advirtieron. “Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios”, cerró el informe.