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30 de junio | | | | |

Falsas soluciones

Sustentos de los proyectos REDD, que están en fase de implementación en Uruguay

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Los proyectos para la Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) nacieron en 2007 en el marco de las Naciones Unidas, como una estrategia para mitigar el cambio climático. Uruguay comenzó a implementar un proyecto REDD+, financiado con una donación de 3,8 millones de dólares del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y con 2,67 millones de dólares del Estado uruguayo.

Las licenciadas en Desarrollo Florencia Beder y Jimena Curbelo, redactaron un artículo que cuestiona el mecanismo REDD y REDD+, y reseña experiencias en donde las comunidades son limitadas en sus prácticas ancestrales de autosustento.

El foco del mecanismo REDD, se argumentaba al comienzo por parte de sus promotores, era evitar la deforestación y degradación de áreas con alto contenido de carbono. Con el tiempo se incluyó un enfoque más amplio, que reconoció, en su lógica, otras actividades elegibles para el mecanismo, como la conservación de los stocks de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales en los países en desarrollo. A eso se le llamó REDD+.

El artículo de Beder y Curbelo se titula “Proyecto de preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en Uruguay: en el camino de las ‘falsas soluciones’”. Una versión resumida fue publicada en febrero de 2016 en Transformando la naturaleza en mercancía, un trabajo de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable, con el apoyo de las fundaciones Heinrich Böll y Siemenpuu. En él se basa este informe de Radio Mundo Real.

Ideas de fondo

Las autoras señalan que las estrategias que se han adoptado en las Conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático “apuntan preponderantemente a continuar con los patrones de producción y consumos actuales y generar mecanismos que permitan compensar ‘externalidades’ de crecimiento económico”. Describen el desarrollo de “un nuevo modelo que se sustenta en el aumento de inversiones públicas y privadas en sectores ‘verdes’ de la economía y en el desarrollo de políticas y reformas que fomenten esas inversiones”, que ha hecho aumentar la participación de instituciones financieras internacionales e inversores privados que buscan obtener ganancias en proyectos de economía verde. Beder y Curbelo advierten que si bien es un concepto que se presenta como “una innovación en materia ambiental”, el crecimiento verde “redefine el concepto de ‘ecológico’ o verde, sin cuestionar ni profundizar en el debate sobre el crecimiento”.

Otro de los problemas que detectan es que el llamado “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (MDL), impulsado a partir del Protocolo de Kioto en 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), “permite a los gobiernos o empresas de países industrializados realizar inversiones en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo y el volumen de dichas ‘reducciones’ es reconocido como parte de sus compromisos de reducción de emisiones de GEI”. Estos mecanismos, agregan las autoras, “consideran el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado”, puesto que cada Certificado de Reducción de Emisiones puede ser vendido en el mercado.

Acerca de los proyectos REDD, concretamente, Beder y Curbelo critican “su enfoque reduccionista en relación a los bosques” porque “no son simplemente un grupo de árboles que pueden reducirse a ‘reservas de carbono’; ni mercancías que pueden comercializarse en el mercado. Los bosques se encuentran dentro de los ecosistemas más diversos del planeta y constituyen estructuras ecológicas y sociales complejas”, plantean. Además, tanto el monte nativo como las plantaciones comerciales son incluidas dentro de la definición de bosques, cuando, ciertamente, no son lo mismo, acotan.

“Las iniciativas REDD+ declaran incluir también el rol de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el aumento de reservas de carbono acumulado en esos ecosistemas. Pero el problema de fondo es que reproduce exactamente la misma lógica de las falsas soluciones y de mercantilización y financiarización de la naturaleza que REDD”, expresan Beder y Curbelo.

Lamentan, además, que no se aborden “las causas estructurales de la crisis climática actual” y se traslade “la responsabilidad de quienes la originaron a quienes sufren en mayor grado sus impactos”. Explicitan que “la responsabilidad histórica por el cambio climático recae sobre los países industrializados y su modelo de desarrollo, el cual implica elevadas emisiones de gases de efecto invernadero”, pero que “ellos no están dispuestos a ejecutar cambios en sus formas de producción y consumo”. “En lugar de avanzar por la vía de los cambios estructurales en los países del norte, desde una perspectiva de justicia social y ambiental”, plantean las autoras, “los responsables de la crisis climática imponen la lógica mercantilista como supuesta solución”. Pero advierten que esa lógica “transforma a la naturaleza en mercancía, conduciendo a una apropiación privada de los territorios y las funciones de los ecosistemas, y genera beneficios a los actores que generaron el problema. De esta forma, las acciones frente al cambio climático se convierten en un gran negocio”.

Aterrizaje en Uruguay

REDD+ está en operación desde 2008. Los acuerdos REDD+ avanzan a través de un grupo compuesto por más de 60 países donantes y en desarrollo, y son financiados por el programa ONU-REDD, el FCPF y el Programa para Inversión Forestal, estos dos últimos del Banco Mundial.

El proyecto en Uruguay es financiado por el FCPF y se implementa con la coordinación de la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En febrero de 2013 la Dinama presentó una nota al FCPF expresando el interés de Uruguay en convertirse en un país elegible para REDD+. En julio de 2014 el FCPF le asignó 3,8 millones de dólares a la propuesta uruguaya, para continuar con la preparación. En noviembre de 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo firmó el Acuerdo de Participación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, perteneciente al Banco Mundial (fideicomisario del FCPF).

Uruguay inició acciones de “diálogo temprano” entre los representantes de los ministerios involucrados y de grupos de interés en el proyecto, como son los sectores forestales, gremiales rurales y la red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Beder y Curbelo cuentan que se había invitado a la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, al Consejo de la Nación Charrúa y a Mundo Afro, pero que no concurrieron.

Las autoras resumen que durante todo el proceso en Uruguay se desarrollará una Evaluación Estratégica Ambiental y Social que dé cumplimiento con salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con la legislación uruguaya e internacional. No obstante, mencionan que “la Propuesta de Preparación para REDD+ sostiene que no corresponde evaluar en este caso impactos sociales con respecto a la interacción de la implementación REDD+ con comunidades o pueblos indígenas, y que tampoco existen reclamos ancestrales por la tenencia de tierras”. Sí reconoce la propuesta que “existen en algunos casos puntuales grupos de pequeños productores y pobladores que pueden verse afectados” y que hay que tenerlos en cuenta “de manera de integrarlos en la discusión previa y posterior, ya que pueden encontrar alternativas muy positivas para su sustento, así como formas de radicación en el sitio en el que viven y en el que han formado sus familias”, reseñan las autoras. Agregan que “se indica que no existen poblaciones dentro de los bosques, sino relacionadas a ellos, por lo que en ninguna zona del país existirá la necesidad de reasentamiento de personas o familias”.

En Uruguay el proyecto comprende, en principio, a los montes nativos, puesto que no hubo acuerdo con el MVOTMA de incluir a las plantaciones comerciales, aunque éstas no fueron descartadas, comentan las autoras. Hasta ahora, las noticias que han trascendido tienen que ver con la contratación de técnicos y consultores (marzo y mayo de 2017).

Avance del capitalismo

“Según indica la evidencia, los mecanismos REDD refuerzan los derechos de propiedad privada sobre los bosques. Mientras que los derechos tradicionales basados en el uso histórico y colectivo no son reconocidos”, expresan Beder y Curbelo. Mencionan experiencias como las de México y Kenia, en donde el proyecto ha impulsado políticas de desplazamiento, los casos de Guyana e Indonesia, en donde REDD indujo a la potencial destrucción de bosques, y las experiencias de Panamá y Brasil, “donde se socavó el control comunitario de la naturaleza”. El artículo profundiza en el caso brasileño, concretamente en el proyecto Purus, desarrollado en Acre (estado ubicado en la selva amazónica) que contó con el financiamiento de empresas norteamericanas y una brasileña, y apostó a reducir la presión de la deforestación en 34 702 hectáreas en el municipio Manoel Urbano. Pero en verdad, el proyecto implicó “restricciones a las prácticas de cultivo migratorio y a las actividades agroforestales de las que dependen los usuarios tradicionales en las tierras de la zona”, que son pequeños recolectores de caucho que practican agricultura de subsistencia. Por esas actividades el proyecto catalogó a 18 familias como “agentes de deforestación” y quiere limitar la parcela de cada una a 100 hectáreas, una fracción menor para estas poblaciones que son dueñas de la tierra que habitan hace medio siglo.

“Se limitan y criminalizan prácticas tradicionales de producción, recolección, caza o pesca y ocupación del territorio, ya que se considera que pueden degradar o causar deforestación”, plantean las autoras, que advierten que “las comunidades no son consultadas de acuerdo con los principios de consentimiento previo, libre e informado”. Además, señalan que estas propuestas condenan a las comunidades a “depender de unos pocos recursos económicos que se les promete”, erosionan sus prácticas y conocimientos ancestrales, y obligan a las próximas generaciones a recurrir a la explotación del bosque, por no tener otros medios de subsistencia.

“Bajo la consigna de cuidar los bosques, estos proyectos desembarcan en los territorios y en su implementación profundizan el avance del capitalismo y la cultura occidental, desconociendo las tradiciones culturales-normativas basadas en paradigmas ancestrales con otros sistemas de relacionamiento con la naturaleza, que han perdurado históricamente sin alterar los equilibrios ambientales”, afirman Beder y Curbelo.

Volviendo al caso uruguayo, sugieren reflexionar acerca de si la participación social que se propone es un espacio legítimo o el cumplimiento de un mero requisito formal, y recuerdan que la protección de los bosques es un tema prioritario en el país, que “no debe quedar a merced de esquemas de financiamiento temporales que responden a lógicas mercantilistas”.

Por último, las autoras recuerdan que Amigos de la Tierra Internacional apoya iniciativas de conservación de las selvas propias de pueblos y comunidades y al margen de esquemas de mercado. Esa federación ambientalista propone contar con fondos públicos y recuerda la obligación del Estado de proteger la naturaleza, respetando el uso sustentable de los pueblos indígenas y las comunidades locales y campesinas.

(CC) 2017 Radio Mundo Real

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