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3 de julio | | |

En busca de justicia

Caso Mariano Abarca: petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la actuación del Estado Mexicano

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Mariano Abarca fue asesinado en Chiapas en 2009 por oponerse a un proyecto minero. Casi ocho años después, sigue sin haber justicia por su muerte. Su familia, acompañada de tres organizaciones, entregó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por no haber protegido la vida de Mariano y por evadir la búsqueda de justicia. Esperan que la petición ayude a “romper el padrón de impunidad” que caracteriza a los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas en México.

Mariano Abarca fue un defensor de derechos humanos y del medio ambiente en el municipio chiapaneco de Chicomuselo; fue, además, fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Fue acribillado frente a su casa el 27 de noviembre de 2009, luego de recibir amenazas por su oposición a un proyecto de la minera canadiense Blackfire Exploration, por el daño que provocaba en la salud de la población y en el ecosistema.

Estado cómplice

“Antes de su asesinato, y durante todo el proceso de su lucha, mi padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel. No obstante, su verdadera y pertinaz transgresión fue la irreductible defensa de los derechos humanos”, expresa comunicado que José Luis Abarca, hijo de Mariano leyó el miércoles 28 en conferencia de prensa. La conferencia se desarrolló en la Ciudad de México, con el objetivo de difundir la petición entregada el lunes 26 de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de la familia Abarca, la petición fue firmada por la organización Otros Mundos AC / Amigos de la Tierra México, por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y por la REMA.

La familia Abarca no sólo acusa a la minera canadiense, sino a los propios gobernadores; José Luis Abarca sostuvo el miércoles que su padre fue atacado por el ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón, y por el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. “La investigación por parte del Estado mexicano se encuentra paralizada”, leyó José Luis Abarca, que señaló que “después de estar detenidos varios implicados -todos ellos con algún vínculo de trabajo con la empresa Blackfire-, y de incluso haber sentenciado a uno de ellos (2010), hoy todos, incluyendo al sentenciado, se encuentran en libertad”, sin que haya nuevas líneas de investigación. “Nuestra familia está indignada ante la ineficiencia, ineficacia y torpeza del sistema de procuración de justicia en México”, afirma el comunicado.

“Nuestra familia está indignada ante la ineficiencia, ineficacia y torpeza del sistema de procuración de justicia en México”, expresaron. “Hemos explorado sin éxito, las maltrechas ventanillas de la justicia mexicana y canadiense, lo cual ha servido para demostrar, una vez más, el abandono de la institucionalidad y en consecuencia, la total indefensión en la que nos encontramos y debemos afrontar como mexicanos y mexicanas a causa de los atropellos del sistema”, lamentaron. El comunicado agrega que el asesinato de Mariano Abarca no fue un hecho aislado. “Se trata de un patrón de comportamiento sistemático en donde son cuatro los actores que actúan en contra de las resistencias: los gobiernos corruptos y desnacionalizados quienes, entre otras cosas, desregulan leyes para justificar y legalizar el saqueo; el gobierno canadiense que insiste en encabezar el despojo de los bienes naturales de los pueblos de América Latina; las fuerzas policíacas y militares quienes actúan como grupos privados para la protección de las trasnacionales y; los golpeadores, paramilitares, sicarios y grupos del crimen organizado, quienes bajo el cohecho y la prebenda se encargan de introducir el miedo, el terror y la muerte en los pueblos”, leyeron.

La petición busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome el caso y pretende, además, “establecer un precedente legal al denunciar, a nivel internacional, los vínculos entre las autoridades mexicanas y la embajada de Canadá por permitir que las empresas mineras atenten contra la vida de las y los defensores en México”, concluyó el comunicado.

Paralelamente, se lanzó una petición que puede firmarse on line, exigiendo a los gobiernos de Chiapas y de México, así como al Fiscal General del Estado de Chiapas y al Embajador de Canadá en México que atiendan “con seriedad” el asesinato de Mariano Abarca y que implementen “una investigación objetiva, que esclarezca plenamente los hechos y castigue a los responsables materiales y autores intelectuales”.

Romper el patrón de impunidad

Durante la conferencia de prensa, Miguel Ángel de los Santos, abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, explicó en la conferencia que con la petición se busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haga una recomendación al Estado mexicano sobre la importancia que tienen los defensores de los derechos humanos y los periodistas en una sociedad democrática. Dijo que espera “que la Comisión incida para romper el patrón de impunidad que caracteriza a todos los ataques a defensores y defensoras de derechos y periodistas, porque a la fecha advertimos que ese patrón de impunidad se repite […] Queremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome el caso de analizar un caso defensa derechos y q eso incida en el cambio de políticas, de acciones decisivas que se tienen que tomar para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos”.

En diálogo con Marie-Pia Rieublanc, de Otros Mundos, José Luis Abarca aseguró que “en Chiapas hay más concesiones” y que todas “empiezan por criminalizar la lucha por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente”. “Continuamos la lucha de prohibir las concesiones mineras en nuestro municipio, en Chiapas y en el país, que también están haciendo estragos otras empresas mineras”, agregó. Citando luchas contra proyectos extractivos como las que se dan en Honduras, Nicaragua y otros pueblos mexicanos, José Luis Abarca comentó que “lo único que cambia en esta lucha es el escenario, son los personajes pero siguen siendo las empresas mineras quienes criminalizan con el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales para intereses propios de ellos”.

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