Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia.

Como consecuencia de la suspensión del proyecto, existen 18 dirigentes comunales procesados, acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Entre ellos se encuentra Francisca Sarmiento, la única dirigente mujer en etapa de proceso. La fiscalía exige una pena de 18 a 28 años de prisión para los acusados, y el pago de siete millones de soles (más de dos millones de dólares) por concepto de reparaciones. El juicio penal se encuentra en su etapa final.

En una co-producción del Centro para la Democracia (Leny Olivera Rojas, Sian Cowman y Aldo Orellana López) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA PUNO, entrevistamos al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de DHUMA, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto de “El Aymarazo” y presentamos este informe radial. DHUMA forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red MUQUI en Perú.

Mientras tanto, Bear Creek sostiene una demanda (iniciada en agosto de 2014) contra el estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI, órgano del Banco Mundial. Amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, la empresa exige el pago de 1 200 millones de dólares por la suspensión de su proyecto. Pese a esta demanda, Bear Creek continúa en la región impulsando otros emprendimientos, como el proyecto minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno.

Esta es la realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú, donde las organizaciones sociales y sus dirigentes son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena. La agresiva política pro-minera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos. Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios.