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23 de junio | | | | | | |

Con los pies en la tierra

Entrevista a Berta Zúñiga Cáceres: el pueblo lenca, en Honduras, lucha contra 49 proyectos extractivos en sus territorios

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Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por luchar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, sagrado para la comunidad indígena lenca a la que pertenecía. Hoy sigue sin haber justicia por su asesinato y su comunidad vive bajo graves amenazas que se han intensificado en las últimas semanas. Por eso esta semana le exigieron a las autoridades que protejan al pueblo lenca de Río Blanco y procedan contra quienes lo amenazan.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió el miércoles 21 un comunicado de prensa para transmitirle a la comunidad nacional e internacional su “grave preocupación por el estado de indefensión en el que se encuentra el pueblo lenca de Río Blanco frente a hombres armados y amenazas constantes. Instamos a las autoridades que tomen acción inmediata para salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros de COPINH en Río Blanco, quienes siguen defendiendo su territorio ancestral ante la invasión de personas vinculadas con la empresa DESA” (Desarrollos Energéticos SA es la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca).

Horas antes de que el COPINH emitiera el comunicado, Radio Mundo Real dialogó con Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y nueva coordinadora general del COPINH. Fue electa para el cargo a fines de mayo, en un encuentro en el que la organización reafirmó la lucha en defensa de los territorios y de su proyecto político. Esa misma asamblea nombró a Berta Cáceres como coordinadora general permanente y prometió no descansar hasta encontrar justicia y capturar a los autores intelectuales de su asesinato.

Bertita destacó que el COPINH lucha contra 49 proyectos extractivos en territorios lencas. Recordó que además de su madre, son varias las personas que han sido asesinadas por la defensa de los ríos. Pese a la repercusión mundial que tuvo el homicidio de Berta, la conflictividad en el área no ha cesado y las empresas trasnacionales que promueven proyectos hidroeléctricos y eólicos son defendidas por policías y militares, además de la propia seguridad privada de la que disponen. “Ahora mismo tenemos a la comunidad de Río Blanco, Intibucá, que es conocida por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, bien conflictuada por terratenientes de la zona que vendieron tierras a la empresa DESA, constructora del emprendimiento, y que tienen armas y están amenazando con disparar a cualquier compañero o compañera. Es una situación que no sería una rareza que se volviera a cometer otro asesinato a un o una integrante de nuestra organización”, relató Bertita. Agregó que a partir de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad les ofreció la protección de policías, pero las comunidades no lo aceptan, “por el papel que han tenido las fuerzas armadas y los agentes armados. Sabemos que un policía muchas veces en vez de proteger, significa un riesgo para nosotros”, dijo.

Justicia

El 7 de junio hubo una audiencia preliminar por el caso Berta Cáceres. Las pruebas que tiene el Ministerio Público son insuficientes, “sobre todo para los intermediarios entre una autoridad material y una autoridad intelectual”, explicó Zúñiga. Hasta el momento hay ocho personas en prisión preventiva: cinco de ellos son autores materiales –sicarios- y tres son intermedios. “Los supuestos sicarios tienen un proceso más contundente”, salvo uno para el que tampoco hay pruebas para que esté en prisión preventiva, añadió. Detalló que las tres personas de autoría intermedia son Sergio Rodríguez, gerente técnico y ambiental de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA, impulsora de Agua Zarca), Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA, que fue despedido seis meses antes del asesinato y que había amenazado a Berta muchas veces, y Mariano Díaz Chávez, agente del estado Mayor de la Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público (se supone que Rodríguez y Bustillo lo contactan para que él coordine el grupo de sicarios). Bertita lamentó que “en el caso de Sergio y Mariano, que son los más grandes de los detenidos hasta el momento, el proceso acusatorio es bastante endeble”, frágil.

“Hay una estrategia que quiere prolongar la prisión preventiva de esas personas para dejar en el imaginario y en el espíritu de la comunidad internacional -que es la que más ha presionado a las autoridades- que el Estado de Honduras sí está actuando para buscar la justicia, pero eso es una falsedad ya que las pruebas son insuficientes, el proceso tiene sendas irregularidades y todo parece que en algún momento esa persona va a quedar en libertad”, dijo en relación a Rodríguez. “Que él quede en libertad significa garantizar la impunidad de la autoría intelectual y la impunidad completa de este caso”, sintetizó.

Las comunidades piden justicia integral lo que implica que se pare el proyecto Agua Zarca. Para eso, el 1º marzo el COPINH interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de Honduras. Pero el recurso fue inadmitido. “Eso significa que no hay ninguna intención de tocar al proyecto hidroeléctrico y que esta detenciones son una fachada”, lamentó.

Financiadores

El 4 de junio el periódico The Guardian publicó que el banco holandés FMO, la financiera finlandesa Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) habían anunciado que dejarían de financiar el proyecto Agua Zarca. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora. La noticia indignó al COPINH, que hace más de un año que escucha esos anuncios, sin que se concreten. Por otra parte, Zúñiga contó que el FMO habla de una “salida responsable” y propone un diálogo para que las comunidades se expresen si quieren o no contar con este proyecto hidroeléctrico, que claramente rechazan. “Hemos rechazado totalmente el papel de los bancos porque no tienen potestad para hacer un proceso de reconciliación, como le llaman, entre las comunidades, siendo actores claros del conflicto”.

La comunidad de Río Blanco “no quiere un proceso de diálogo que sea propiciado por los bancos. La reconciliación de las comunidades se va a desarrollar cuando el proyecto hidroeléctrico que llevó a instalar el miedo y la conflictividad se salga definitivamente, pero también cuando haya un proceso de justiciamiento, de verdad, de clarificación sobre el papel de cada uno de los actores involucrados en el conflicto, de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos y castigo por delitos y negligencia de haber participado en el proyecto”, expresó Bertita.

Autonomía

El proyecto de vida al que apuesta el COPINH responde a la cosmovisión del pueblo lenca, dijo la coordinadora general de esa organización. El fin es estar en armonía con todos los bienes de la naturaleza. Insistió en la necesidad de resguardar la identidad del pueblo lenca y su lucha de resistencia, en lograr la producción alimentaria con soberanía, libre de transgénicos y de la agroindustria, en “construir una vida libre de todo el sistema de dominación múltiple del capitalismo, del patriarcado, del racismo”. A partir del asesinato de Berta, la comunidad comenzó a analizar la producción energética y se propone “construir un modelo energético soberano y libre de empresas trasnacionales”, trasmitió nuestra entrevistada.

La propuesta es abarcativa y engloba la formación, la comunicación alternativa, contar con una salud comunitaria que rescate las medicinas ancestrales y la memoria. El pueblo se plantea reforzar, además, la espiritualidad “que nos ha fortalecido en el momento de mayor fragilidad”, dijo Bertita, confiante en que serán las guías espirituales quienes los acompañen en este largo proceso de lucha.

Imagen: Radio Mundo Real.

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