La Ruta por la Verdad busca “justicia medioambiental”. “Es una forma de que los pueblos dignifiquen su posicionamiento y estrategia de lucha y reparación ante políticas extractivas de muerte”, sintetiza la nota publicada por Radio Tambor.

Agrega que la aplicación de la Constitución de Montecristi en 2008 ha tenido altibajos y que se han violado gravemente muchos de los derechos vinculados a la naturaleza.

Se harán cuatro rutas temáticas: la Ruta de la Anaconda para los casos vinculados a la explotación petrolera, la Ruta del Jaguar para la explotación minera, la Ruta del Colibrí, para la expansión urbana y la Ruta del Ceibo para los cultivos de agroexportación y sus impactos. De acuerdo a la nota de Radio Tambor, “estas rutas tendrán su momento más álgido en las audiencias, donde personalidades de los derechos así como distintas personas con experticias temáticas mostrarán los resultados de las peores vulneraciones, así como de los caminos que deberán darse para lograr justicia y reparación”.

La primera de las cuatro rutas ya comenzó, fue el 13 de mayo, y se centró en el caso Yasuní, proyecto del gobierno del ahora ex presidente Rafael Correa para extraer petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, un territorio de la amazonia ecuatoriana y uno de los más diversos del planeta.

Participaron de la conferencia de prensa Antonella Calle, de la organización Yasunidos, el abogado Julio César Trujillo, integrantes de los comisionados y de la Comisión Nacional de Anticorrupción, y Esperanza Martínez, del colectivo Acción Ecológica.

“Vamos a iniciar un proceso de evaluación de los últimos diez años, vamos a hacer unas rutas en donde recuperaremos la memoria de lo que ha pasado, trataremos de identificar cuáles son los problemas y trataremos de ir construyendo propuestas para solucionar esos problemas”, planteó Martínez.

Explicó el desarrollo de las audiencias anunciando cómo sería la primera, la de Yasuní: consejeros, o comisionados –“gente que tiene un acumulado ético”- recibiría información “de las comunidades, de la academia, de las organizaciones, sobre lo que han sido estos diez años en el Yasuní”. Calle resaltó “la importancia de evaluar y pedir justicia frente a todos los procesos de violación de los derechos humanos y de la naturaleza que se han vivido en estos diez años”. Por ejemplo, dijo que cuando el gobierno ecuatoriano anunció que explotaría el Yasuní aseguró que el proyecto afectaría cerca de 1.000 hectáreas del parque, pero que a través de “mapas recientes que han llegado a nuestras manos, se evidencia que serían 100.000 hectáreas”, las afectadas, en lugar de 1.000.

Concepto de riqueza
Trujillo afirmó que “esta Constitución ha servido mucho para la propaganda interesada del gobierno y de sus voceros que, tanto a nivel interno como a nivel internacional, se llenan la boca sosteniendo que tenemos la mejor constitución del mundo porque por primera vez en la tierra hay un Estado que reconozca a la naturaleza como derecho constitucional, pero guardan silencio acerca de qué ha ocurrido con esa constitución en los diez años. Y por eso queremos escuchar a quienes han vivido en los lugares en donde se ha atropellado tanto a la naturaleza como a los habitantes de ese medio en donde los abusos del poder político presidido por Correa y todos sus corifeos han ejercido el poder”.

Calificó de un “atropello” la extracción petrolera en Yasuní. Valoró la riqueza del lugar y lamentó que “se atropella con la política desplegada abusivamente por el gobierno de Correa y posiblemente con los gobiernos que vengan después de Correa, como es [el caso de] la minería, pues Correa hizo suyo el discurso de que los ecuatorianos vivimos en la pobreza sentados bajo un banco de oro y que había que explotar ese banco para bienestar de nuestros pueblos, bienestar que no se lo construye solamente con dinero, se construye especialmente con respeto a la dignidad del ser humano y con respeto a la integridad de la naturaleza en sus diversas formas de vida”.